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Fiscal de CDMX denuncia intento de detención de Javier Corral por motivos políticos
Nación
El fiscal general de la Ciudad de México, Ulises Lara, denunció que el intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en un restaurante de la colonia Roma, tuvo motivaciones políticas y no legales. Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a los responsables de lo que calificó como una "violación flagrante a la ley".
Lara afirmó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, responsable de la orden de aprehensión contra Corral, actuó con fines políticos, orquestando todo el proceso de manera dolosa. "Todos los actos de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron orquestados dolosamente con fines políticos y no jurídicos", señaló el fiscal en un comunicado oficial.
El fiscal capitalino también subrayó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es un órgano autónomo, separado de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, lo que según él, invalida la legalidad de la orden de detención emitida contra Corral. Lara sostuvo que esta orden de aprehensión carecía de sustento jurídico, ya que la entidad no había cumplido con los requisitos legales para operar en la Ciudad de México.
Además, Ulises Lara acusó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de llevar a cabo labores de inteligencia e investigación en la Ciudad de México de manera irregular y sin los permisos necesarios. A pesar de que la solicitud formal de colaboración fue presentada el 14 de agosto, Lara reveló que los agentes de dicha fiscalía ya estaban actuando en la capital desde el 12 de agosto, violando así la normativa vigente.
El exgobernador Javier Corral enfrenta acusaciones de peculado con comportamiento doloso, al supuestamente disponer de 98 millones 600 mil pesos del erario público de Chihuahua durante su mandato. Según las acusaciones, estos fondos fueron retirados en dos pagos de 49 millones 300 mil pesos cada uno, transferidos a una cuenta bancaria particular en el banco Santander, bajo el pretexto de reestructurar la deuda pública del estado.
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JM/CR
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