La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, destacó la aprobación de la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley Nacional de Aguas, al asegurar que la reforma devuelve al agua su carácter de derecho humano y bien nacional, alejándolo de intereses comerciales.
Tras más de 24 horas de debate, con 475 reservas revisadas y 178 oradores, el pleno aprobó el dictamen con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con iniciativas afines de legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, fue finalmente avalada en lo particular.
Jiménez Godoy subrayó que la reforma garantiza el acceso equitativo al agua para comunidades históricamente marginadas y crea un sistema de concesiones más transparente mediante la implementación del Registro Público Nacional de Agua. También destacó que se establecen sanciones para frenar el acaparamiento, la corrupción y el uso irregular del recurso hídrico.
La legisladora señaló que la nueva ley impulsará mejoras en el saneamiento, la recuperación de ecosistemas, la protección de acuíferos y la adaptación al cambio climático, además de dar certeza jurídica a los sectores productivos. Uno de los avances más relevantes, afirmó, es el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua, que serán responsables de administrar el recurso en pueblos y comunidades indígenas.
Frente a críticas de la oposición, Jiménez Godoy reiteró que la reforma no criminaliza al sector agropecuario. Aclaró que continúan permitidos el arrendamiento de tierras con agua, la herencia de concesiones y la venta de propiedades que incluyen derechos de uso. Asimismo, desmintió posibles sanciones a productores por actividades tradicionales como la construcción de bordos o la toma de agua de ríos para riego.
Recalcó que las penalizaciones están dirigidas únicamente a abusos de poder o prácticas ilegales de acaparamiento, y no a las actividades familiares del campo. Sostuvo que el objetivo central de la reforma es asegurar agua para las futuras generaciones bajo reglas claras, transparencia y justicia hídrica.