El Gobierno de México inició una revisión exhaustiva de las pensiones consideradas excesivas que reciben ex trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el objetivo es mitigar estas prestaciones mediante acciones legales e incluso reformas constitucionales.
Durante la conferencia matutina del 29 de agosto, se reveló que un ex funcionario de LyFC percibe una pensión superior a un millón de pesos mensuales, mientras otros 33 beneficiarios reciben más de 700 mil pesos. En conjunto, se destinan 28 mil millones de pesos al año a alrededor de 14 mil jubilados de esa empresa, con montos hasta 140 veces mayores que el promedio nacional de siete mil pesos.
En el caso de Pemex, se detectaron 15 pensionados con ingresos superiores a 350 mil pesos al mes, 544 que superan el salario de la presidenta de la República y 618 cuyos montos rebasan lo que percibe anualmente el director general de la empresa. En promedio, las pensiones de estos ex trabajadores representan hasta 39 veces más que la media nacional.
Para atender esta situación, el gobierno federal ha conformado mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, la CFE, la Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría Anticorrupción. El propósito es revisar la legalidad de las pensiones, homologar expedientes, actualizar padrones de beneficiarios en coordinación con RENAPO y registros civiles, así como analizar cambios legales que impidan abusos similares en el futuro.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas pensiones como “ofensivas para el pueblo de México” y subrayó la necesidad de corregir un modelo que privilegió a ex altos funcionarios, mediante un proceso legal que respete los derechos adquiridos, pero garantice proporcionalidad y ética republicana en el sistema de pensiones.