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Gobierno capitalino se deslinda de desalojo en República de Cuba 11
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El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no tuvo responsabilidad en el desalojo ocurrido el pasado miércoles en el inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, y señaló que se trató de un litigio entre particulares.
De acuerdo con la autoridad capitalina, la participación de 24 elementos de la policía se limitó a cumplir la instrucción del Juzgado 54 de lo Civil, que giró una orden de lanzamiento con el fin de resguardar al actuario encargado de la diligencia.
La Secretaría de Gobierno enfatizó que no se trató de un operativo impulsado por instancias locales, sino de “un desalojo de un juicio civil ordinario que instruyó el juez 54 de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México”. Tras la acción, personal de la Secretaría de Vivienda acudió a brindar apoyo a las personas afectadas, quienes solicitaron ayuda para contar con un espacio habitacional, aunque no se detallaron las alternativas ofrecidas.
Durante la diligencia, los afectados denunciaron que nunca se les mostró una orden judicial y que, sin previo aviso, sus pertenencias —entre ellas muebles, colchones, ropa y enseres domésticos— fueron sacadas a la banqueta y al arroyo vehicular.
Los vecinos y ocupantes desalojados del edificio conocido como Sol y Luna afirmaron que el juez responsable es el mismo que ha ordenado otros lanzamientos en la zona, como el ocurrido en el número 18 de la misma calle, donde al menos cuatro familias fueron desalojadas y, recientemente, se instaló un espacio cultural denominado Bellas Artes.
Asimismo, recordaron que en el edificio Combaluzier, en República de Cuba 12, también se llevaron a cabo desalojos con el propósito de habilitar el inmueble para servicios de hospedaje mediante plataformas digitales.
Quienes permanecen en campamentos fuera del predio señalaron que, además de interponer un amparo, preparan una denuncia colectiva. Indicaron que ya recibieron el respaldo de organizaciones solidarias, que les proporcionaron víveres y lonas para resguardarse de la lluvia.
Los afectados explicaron que en su momento intentaron comprar el edificio a Fernando Díaz Pérez de León, copropietario junto con su hermana, pero no lograron un acuerdo y, tras el fallecimiento de ambos, el inmueble quedó en situación intestada. Añadieron que hasta hace aproximadamente una década pagaban renta a quienes aseguraban representar legalmente a los propietarios, pero al dejar de recibir los cobros y sin un número de cuenta para depositar, continuaron cubriendo únicamente los servicios básicos como agua y electricidad.
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RN/CR
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