El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que cuenta con suficiencia presupuestal para concluir la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 antes de que finalice el primer semestre de 2026. Para este objetivo se destinarán 3 mil 700 millones de pesos, aunque las autoridades reconocieron que aún no se tiene claridad sobre el total de recursos ejercidos en administraciones pasadas ni sobre su destino final, pues se presume que parte de ellos fueron desviados en actos de corrupción.
Durante la administración anterior, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigó al ex comisionado Édgar Tungüí, detenido y extraditado desde España, quien después obtuvo un amparo. Las pesquisas apuntaron a la entrega irregular de más de 200 millones de pesos en apoyos a inmuebles que no cumplían con los requisitos. Tungüí, sin embargo, afirmó ante el juez que su comisión no manejaba recursos directamente.
La FGJ también indagó la participación del actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, del ex perredista Mauricio Toledo –resguardado en Chile en espera de extradición–, y del fallecido Leonel Luna, quienes desde la Asamblea Legislativa autorizaron en 2018 vigilar y proponer el destino de más de 5 mil millones de pesos de un presupuesto total de 8 mil 792 millones asignados a la reconstrucción. No obstante, el órgano legislativo capitalino rechazó que los tres tuvieran facultades para supervisar el ejercicio de dichos fondos.
Consultado sobre la posible recuperación de los recursos desviados, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, evitó precisar avances y únicamente afirmó que se cuenta con el dinero necesario para concluir la reconstrucción de mil 874 viviendas durante 2026, de un total de 22 mil contempladas.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, señaló que corresponde a la FGJ informar sobre el estatus de las investigaciones, mientras que la Secretaría de Gobierno capitalina dijo desconocer si se han recuperado los fondos desviados en obras no ejecutadas.
En una reunión con damnificados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno Clara Brugada recordó que en 2018 se registraron desvíos que afectaron directamente a los afectados. “Los recursos públicos que eran para ustedes terminaron en bolsas privadas”, subrayó.
El vocero del Movimiento de Familias Damnificadas del 19 de septiembre, Héctor de la Cueva, afirmó que la corrupción fue uno de los mayores obstáculos en la reconstrucción, lo que mantiene a 3 mil 500 familias sin poder regresar a sus hogares. “Lo que hace falta es justicia para quienes sobrevivieron y para quienes murieron sin volver a su casa”, enfatizó.
En paralelo, vecinos del Multifamiliar de Tlalpan, en Taxqueña, denunciaron la presunta ocupación ilegal de un departamento del edificio 1C. La propiedad pertenecía a un hombre fallecido hace seis meses y estaba bajo investigación de la FGJ, pero los sellos fueron retirados y actualmente está habitada por una pareja de origen venezolano, a quienes señalan de tener protección institucional.