El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles del país y reforzar la seguridad en los reclusorios. La medida fue presentada días después de los hechos violentos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde un motín y una riña dejaron 12 personas fallecidas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los nuevos complejos penitenciarios serán edificados en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora. De acuerdo con el funcionario, estos espacios incorporarán sistemas tecnológicos de vigilancia, mecanismos de monitoreo permanente, equipos de inspección y herramientas para bloquear comunicaciones ilegales desde el interior de las prisiones.
La estrategia contempla además la creación de áreas diferenciadas según el perfil y nivel de riesgo de la población penitenciaria, así como programas orientados a la reinserción social mediante educación, capacitación laboral, servicios médicos y actividades deportivas.
El primer proyecto será desarrollado en Sinaloa, entidad donde se construirán 2 mil 640 nuevos espacios con financiamiento federal. Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer el control institucional dentro de los centros de reclusión y limitar la capacidad operativa de grupos criminales que presuntamente continúan realizando actividades ilícitas desde prisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento en las detenciones realizadas durante la actual administración ha aumentado la presión sobre el sistema penitenciario nacional. Actualmente, 157 de los 275 centros penitenciarios del país presentan problemas de sobrepoblación, con un excedente cercano a 42 mil internos, situación que ha generado dificultades relacionadas con el hacinamiento, la insuficiencia de personal y el respeto a los derechos humanos.
La mandataria precisó que los nuevos penales serán administrados por autoridades federales o estatales y no estarán bajo esquemas de operación privada. Asimismo, indicó que la Secretaría de Hacienda trabaja en la definición de los recursos necesarios para concretar los proyectos.
No obstante, especialistas y organizaciones civiles consideran que la construcción de nuevas cárceles debe acompañarse de acciones para fortalecer los centros existentes. Entre las principales preocupaciones destacan la falta de custodios, las carencias en capacitación, la sobrecarga laboral y los problemas de autogobierno detectados en diversos penales estatales.
Paralelamente, el Gobierno federal analiza medidas legales para reducir la presión sobre el sistema penitenciario mediante la aceleración de procesos de excarcelación en casos considerados de bajo riesgo, incluyendo personas encarceladas por delitos menores o que permanecen en prisión preventiva durante largos periodos sin recibir sentencia.
Los datos oficiales muestran que algunas de las entidades con mayores niveles de saturación son el Estado de México, Nayarit y Morelos. En el caso mexiquense, la población penitenciaria supera ampliamente la capacidad instalada, mientras que otras entidades mantienen niveles de ocupación que duplican o incluso triplican el espacio disponible en sus centros de reclusión.
Las autoridades federales sostienen que el nuevo plan penitenciario contribuirá a mejorar la seguridad, reducir la sobrepoblación y fortalecer los procesos de reinserción social, en un contexto donde el exceso de población carcelaria registra un crecimiento sostenido en los últimos años.