Gobierno ratifica su compromiso con la protección de los defensores y defensoras de la tierra y la naturaleza

Como parte de su política de protección y defensa de los derechos humanos, el Gobierno Nacional implementó una estrategia integral para garantizar la vida y seguridad de las personas defensoras del ambiente, desarrollada en articulación de esfuerzos entre los ministerios del Interior, Defensa y Ambiente, junto con otras entidades del Estado.

Según la cartera de Ambiente, actualmente se cuenta con el protocolo de reacción y mitigación ante situaciones de riesgo con las personas defensoras de la tierra y la naturaleza, y tiene en funcionamiento la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú y el Sistema Nacional de Diálogo para la transformación de los conflictos ambientales, que cuenta con la participación de organizaciones sociales y ambientales en diferentes regiones del territorio nacional.

En lo corrido de 2024 el Ministerio ha recibido 37 casos de defensores ambientales amenazados que han sido atendidos de manera oportuna para reducir su riesgo.

Por su parte, el Ministerio de Interior aumentó el presupuesto asignado a la protección colectiva del Decreto 660 y adoptó una serie de medidas para mejorar la priorización, transparencia y accesibilidad del programa. El incremento progresivo de estos recursos es fundamental para ampliar el acceso de colectivos y garantiza la plena implementación de los planes de protección y autoprotección.

Así mismo, Mininterior destinó más recursos para la Dirección de Derechos Humanos en cerca del 400%, para la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, en la que se aborda interinstitucionalmente, de la mano con la sociedad civil, las problemáticas que derivan en el asesinato y las agresiones contra defensores y defensoras. Hay instaladas y activas 16 Mesas Territoriales de Garantías.

“El Gobierno Nacional reconoce la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado" señaló el ministerio de Ambiente.

Añadió que actualmente se adelanta la construcción de la Política Pública Integral de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos que “se caracteriza por ser un proceso legítimo propuesto desde la sociedad civil, en el cual han participado cerca de 1000 personas defensoras pertenecientes a diferentes regiones del país".

En 2024, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ha logrado materializar 16 resultados operacionales por afectaciones contra líderes ambientales en los municipios de San Pablo (Bolívar), Nuquí (Chocó), Medellín y Granada (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Santa Marta (Magdalena).

“Con el reciente fallo de la Corte Constitucional, que ratifica la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú en Colombia, el Gobierno seguirá fortaleciendo sus herramientas para enfrentar, de manera decidida con acciones en los territorios, esta situación y brindar garantías a los líderes en su defensa del ambiente, porque la naturaleza y sus defensores no pueden ser un botín de guerra" puntualizó el Ministerio de Ambiente.