Hasta con un mdp, multas a quien lleve a migrantes

Con la amenaza de aplicar prisión de ocho a 16 años a las empresas de autotransporte turístico y de pasaje, así como a los choferes que trasladen por nuestro país a migrantes ilegales, la Secretaría de Gobernación envió un oficio a los concesionarios que prestan ese servicio para informarles que además podrían ser sancionados con una multa de hasta un millón de pesos porque se les acusaría de tráfico ilegal de personas.

En el oficio de la Segob, enviado a través de la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, con número INM/DGJDHT/213/2019, en poder de ContraRéplica, se les explica que deben cumplir con la Ley de Migración y evitar el traslado de migrantes argumentando que “muchos traficantes ocupan los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo”.

El documento detalla los artículos 153 y 159 de esa legislación que precisa: las empresas propietarias y concesionarias, que trasladan extranjeros en territorio nacional podrán ser sancionadas por multas económicas o hasta alcanzar prisión por un acto de transportar a personas que de forma ilegal se encuentran en el país.

“Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, (1 millón 30 mil pesos) sin prejuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese por su cuenta, al lugar de procedencia”, precisa el artículo 153.

▶ Mientras que en el 159 de la Ley de Migración expresa que habrá ocho a 16 años de prisión y multa de 5 mil a 15 mil días de salariomínimo vigente, “a quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro”.

La primera empresa en reaccionar fue Autobuses de Oriente, ADO, que informó en días recientes que “derivado de la contingencia migratoria” y en respuesta a las medidas que implementa el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los viajeros deberán presentar identificación oficial para subir a sus unidades, en caso de no portarla, se les impedirá que suban y posteriormente se sumó al anuncio el grupo Flecha Amarilla.

Dicha sanción aplicará a quien traslade “sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicanos, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro o albergue o transporte por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”.

En el oficio, el director jurídico de Derechos Humanos y Transparencia, Luis Alberto Cortés Ortiz, expuso que se tiene que aplicar esa medida porque “México experimenta principalmente en la frontera sur un aumento significativo en el número de personas de origen extranjero que ingresan al país de manera irregular. Esta situación ha sido aprovechada por organizaciones de tráfico de personas que incluso, hacen uso ilegal de los servicios de transportación, terrestre y de pasaje y turismo”.

Hasta el penúltimo párrafo destaca que “no se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a las personas que se han internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos”.