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Igualdad, sigue siendo la deuda pendiente en la democracia mexicana

Igualdad, sigue siendo la deuda pendiente en la democracia mexicana

Columnas miércoles 03 de septiembre de 2025 -

Ferrajoli en el “Manifiesto por la Igualdad”, sostiene que la desigualdad, en todas sus manifestaciones, no sólo es injusta, sino incompatible con la democracia. Lo plantea desde la crítica jurídica: la libertad y la participación política carecen de sentido cuando no existen condiciones materiales y sustanciales de igualdad. Si atendemos a esta reflexión y la colocamos en la realidad mexicana, los paralelismos son inmediatos y dolorosos.

Hoy, México vive momentos históricos: una mujer Presidenta de la República por primera vez; el Poder Judicial de la Federación está encabezado por un Ministro Presidente indígena; y un Congreso de la Unión que tiene representantes que fueron postuladas y postulados por una acción a favor de las personas de la diversidad sexual. La pluralidad institucional es innegable y se trata, sin lugar a dudas, de avances significativos que responden a luchas históricas contra la exclusión. Sin embargo, ¿cuánto de ello se traduce en igualdad material para las mayorías marginadas?

Ferrajoli nos recuerda que la igualdad, que consagra la Constitución al proclamar que “todas las personas somos iguales ante la ley”, parece ser insuficiente. La verdadera deuda está en la igualdad material: acceso real a derechos como educación, salud, vivienda, justicia, entre otros. Y aquí, México sigue teniendo un gran pendiente. Basta observar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que pese a ser reconocidos en el texto constitucional, siguen enfrentando condiciones estructurales de pobreza, discriminación y violencia. Tener un Ministro Presidenteindígena al frente de un Poder de la Unión es un símbolo poderoso; me congratulo por ello, porque simboliza la esperanza de los grupos históricamente vulnerados;sin embargo, ello debe transformarse en una agenda concreta que salde deudas históricas.

Algo similar ocurre con la mayoría de las personas legisladoras de la diversidad sexual en el Poder Legislativo. Se pensó que las acciones afirmativas, por su naturaleza temporal, garantizarían su representación. Y sí, hoy tenemos diputaciones de la diversidad. Pero como mujer de la diversidad no me siento representada. La pregunta es inevitable: ¿cuál ha sido su agenda legislativa?, ¿qué han impulsado para las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, o para quienes enfrentamos una discriminación múltiple? O peor aún, ¿han replicado las agendas de hombres diversos, invisibilizando de nuevo a las mujeres de la diversidad? La deuda no está saldada y no basta ocupar una curul o escaño; es momento de evaluar críticamente el trabajo legislativo y exigir coherencia con la acción afirmativa que los llevó hasta ahí.

Ferrajoli plantea que el constitucionalismo del siglo XXI debe imponer límites jurídicos a la desigualdad y convertir en vinculantes los derechos sociales. Esto implica pasar del discurso al mandato: garantizar vivienda digna, acceso a salud, seguridad alimentaria, educación de calidad y justicia para todas las personas, no como aspiración, sino como una obligación jurídica. En México, la Constitución reconoce muchos de estos derechos, pero sin mecanismos reales de exigibilidaden la legislación secundaria, lo que se traduce en letra muerta. De ahí la contradicción: proclamamos igualdad, pero administramos desigualdad.

La democracia mexicana avanza en símbolos; deseo logre ser más que eso, porque podría quedarse atrapada en ellos. El verdadero reto es transformar las representaciones en cambios sustanciales que impacten la vida cotidiana de quienes seguimos en los márgenes. La historia no se escribe sólo con primeras veces —la primera Presidenta, el primer Ministro indígena, una legislatura con cuotas de diversidad—, sino con la capacidad de saldar deudas históricas que siguen siendo una herida abierta en nuestra democracia.

La igualdad que reclama Ferrajoli no es un lujo teórico; es la condición de posibilidad de toda democracia real. En México, es momento de preguntarnos con profundo sentido jurídico y como ciudadanía: ¿qué estamos haciendo desde nuestras instituciones y qué hacen nuestras personas representantes para que la igualdad deje de ser una promesa incumplida?

Andrea Gutiérrez


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