Ilegitimidad Judicial

Un Benito Juárez inflable, de plástico barato y pirata. De “plástico barato” porque sobre Hugo Aguilar todo es dudoso: su Maestría; su militancia a favor de los pueblos indígenas, siendo operador de López para el ecocidio del “Tren Maya” -lo que de inmediato nos da la referencia de quién lo infiltró en la “competencia judicial”-, y es “pirata”, porque no sólo dista mucho de ser Juárez, sino incluso de ser indígena, y ser más bien el mecanismo extorsionador para legitimar el “procedimiento electoral” que destruyó al Poder Judicial Mexicano.

Cuando la sociedad evidentemente rechaza la farsa, se recurre al viejo truco de la “extorsión sentimental” y esto implica retomar a un dignísimo personaje de la historia nacional, maquillar de aquel a un monigote servil y que todo el mundo relacione al pelele con el mito, estableciendo una “falsa analogía” entre el pasado y el presente, para que las críticas a la ilegitimidad se perviertan; para que al señalar al espurio, se pueda alegar que se le critica por ser “indígena” -que no lo es-, por ser “pobre”, o todo ese arsenal victimista con que el despotismo acostumbra apropiarse de dignisimas causas, para empolvar su feo rostro de legitimidad. Las naciones indígenas merecen respeto, y se repudia su uso político para satisfacer los planes del oficialismo.

Al otrora desconocido Hugo Aguilar que encabezó sospechosamente el enlistado del mañoso acordeón, lo rechazó cerca del 91% de los mexicanos -incluyendo los votos nulos- y de ese 9%, no todos se inclinaron por él, razón por la cual, el nuevo y espurio personaje, es otra maña más para piratearse la legitimidad que la sociedad civil -no así los “partidos políticos” como dice el oficialismo-, no concedió.

Es importante definir qué es la sociedad civil, y para ello recurro a N. Bobbio en Estado, Gobierno y Sociedad, ubicándola como el lugar del conflicto entre diversos grupos civiles contradictorios al Estado “donde se forman, especialmente en los periodos de crisis institucional, los poderes que tienden a obtener su legitimidad incluso en detrimento de los poderes legítimos, donde, entre otras palabras, se desarrollan los procesos de deslegitimación y de relegitimación” (p. 44) y donde la “opinión pública” se transforma en el recurso que expresa la aprobación o desaprobación que conllevan directamente a lo legítimo o ilegítimo de algo.

La “opinión pública” ha expresado su desacuerdo con un proceso que el oficialismo vendió como “mandato popular”. El rechazo al proceso completo no es cuestión partidista u “opositora” -como pretenden descalificar-, sino de la más pura “sociedad civil”, que de facto ilegitima la destrucción del Poder Judicial, y de la que esperamos tampoco consuma el cuento del redentor de plástico con que la “extorsión sentimental” consolide la edificación del despotismo de los peores: la cacocracia morenista.