En Uruguay, pionero en la lucha antitabaco, aumentar los impuestos a los productos de tabaco ha sido una herramienta eficaz para reducir el consumo y puede serlo aún más, concluyeron estudios de la universidad estatal con financiación internacional.
Desde 2005, con la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay se puso a la vanguardia al implementar medidas para frenar el tabaquismo, pero todavía queda margen para incrementar la carga impositiva, que redundaría en un menor consumo y en un retraso de la edad de inicio.
Así lo muestran investigaciones del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, realizadas con el equipo Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la Fundación Bloomberg de Estados Unidos.
"Uruguay tuvo una campaña integral de políticas antitabaco, con un rápido acatamiento de la población", destaca a la AFP Patricia Triunfo, economista del Decon.
Los espacios públicos libres de humo alcanzan el 100% desde 2006, la publicidad de productos de tabaco está prohibida totalmente desde 2014 y el empaquetado neutro tiene una presentación única desde 2019.
En 2006 fumaba un 32% de la población entre 15 y 64 años, mientras en 2018 sólo lo hacía un 28%. Hoy la prevalencia en esa franja etaria se estima en un 24%, lo que equivale a unos 560.000 fumadores.
Y la caída del consumo de tabaco fue especialmente pronunciada en los jóvenes de 13 a 17 años: pasó de 27% en 2003 a 8% en 2021.
Aún así, el 15% de las muertes en Uruguay todavía se deben al consumo de tabaco, y tratar las enfermedades vinculadas al tabaquismo representa un 17% del gasto total en salud (1,5% del PIB). Además, únicamente el 26% de ese gasto se cubre con la recaudación de impuestos al tabaco.
Con información de AFP
Imagen: Pixabay