Con el propósito de combatir el fraude en materia educativa y reforzar la protección de estudiantes y sus familias, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para modificar el artículo 82 de la Ley de Educación local, con el objetivo de impedir la operación de las denominadas “escuelas patito” y garantizar que la población cuente con información precisa sobre la validez oficial de los estudios que ofrecen las instituciones privadas.
La propuesta surge ante una problemática que impacta a miles de personas, ya que en diversos casos instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) recurren a publicidad poco clara, sitios web o redes sociales para atraer alumnado sin advertir de forma explícita las consecuencias de cursar programas sin reconocimiento oficial. Esto puede derivar en años de estudio sin validez, pérdidas económicas significativas para las familias y la imposibilidad de obtener títulos, cédulas profesionales o continuar con trayectorias académicas en otras instituciones.
La iniciativa plantea reforzar las obligaciones de información establecidas en la normativa, a fin de que la ausencia de validez oficial sea comunicada de manera expresa, clara, visible y legible, no solo en documentos académicos y administrativos, sino también en contratos, publicidad y cualquier medio de difusión empleado por las instituciones educativas. Además, considera la creciente promoción de la oferta educativa en internet y redes sociales, por lo que establece que dicha advertencia deberá mostrarse de forma obligatoria en páginas web, plataformas digitales y demás medios electrónicos, con el objetivo de evitar confusiones entre las personas aspirantes.
Asimismo, se establece que previo a cualquier proceso de inscripción o pago, las instituciones deberán entregar por escrito a madres, padres de familia o estudiantes una notificación expresa sobre la falta de reconocimiento oficial de los estudios, la cual deberá incluir una constancia de recibido firmada por la persona usuaria, con la finalidad de garantizar decisiones informadas y evitar prácticas engañosas o abusivas.
De igual forma, se prohíbe cualquier tipo de publicidad o información ambigua que pueda generar la percepción de que los estudios cuentan con validez oficial cuando no es así. Con ello se busca evitar esquemas de simulación, convenios engañosos o mecanismos que aparenten una acreditación inexistente, con el fin de proteger el patrimonio y las expectativas de las familias que invierten en la educación como proyecto de vida.
La legisladora del PAN señaló que el ámbito educativo debe regirse por la transparencia y la certeza, ya que no es posible permitir que existan instituciones que obtengan beneficios económicos a partir de las expectativas de las familias. Subrayó que la educación implica inversión de tiempo, recursos y aspiraciones, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar condiciones de legalidad y de garantizar el acceso a información veraz.
Finalmente, recordó que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la información, son principios fundamentales que deben orientar la actuación de las autoridades educativas. Añadió que estudiar en instituciones sin reconocimiento oficial puede generar consecuencias graves, al impedir la obtención de documentos profesionales y ocasionar afectaciones económicas y emocionales que repercuten en el futuro académico y personal del estudiantado.