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JUFED respalda a jueza sancionada por frenar la reforma judicial y alerta sobre presiones al Poder Judicial
Nación
Claudia Bolaños
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su solidaridad con juezas, jueces, magistradas y magistrados que enfrentan procedimientos o cuestionamientos por las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, al advertir que estas acciones pueden vulnerar la independencia judicial.
El pronunciamiento se difundió este 8 de octubre, en respaldo a quienes enfrentan procesos disciplinarios y ante lo que la organización consideró una generalización de este tipo de procedimientos.
“Lo que no puede estar en riesgo es la libertad de quienes juzgamos para decidir con independencia, sin presiones y sin temor a represalias”, sostuvo la directiva nacional de la JUFED para el periodo 2026-2027.
La asociación reconoció que las sentencias pueden generar coincidencias o desacuerdos y que existen mecanismos legales para impugnarlas y revisarlas, pero advirtió que una persona juzgadora no debe resolver conforme a conveniencias políticas, sino de acuerdo con su conciencia, la Constitución y la ley.
Por ello, llamó a evitar que se instauren procedimientos contra integrantes del Poder Judicial únicamente por el ejercicio de su función, al considerar que ello menoscaba la independencia judicial.
El posicionamiento coincidió con la defensa pública de la jueza federal en retiro forzoso Martha Eugenia Magaña López, quien presentó sus argumentos frente al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación por el procedimiento iniciado en su contra a raíz de una resolución relacionada con la reforma judicial.
Magaña López afirmó que la suspensión que concedió para frenar el proceso de reforma judicial estuvo fundada en derecho y que explicó por qué consideró que un criterio jurisprudencial no era aplicable al caso.
Sostuvo que las razones jurídicas de su determinación no fueron combatidas por las vías legales correspondientes y acusó que, en lugar de controvertir la resolución, las autoridades desatendieron la decisión y posteriormente recurrieron al procedimiento disciplinario para buscar sancionarla.
La juzgadora señaló que sus resoluciones incomodaron al titular del Ejecutivo y a la mayoría parlamentaria, y consideró que las descalificaciones públicas no sustituyen los mecanismos legales para impugnar una decisión judicial.
“Ese desplazamiento es parte de lo que he denunciado y de lo que este Tribunal debe examinar”, afirmó al referirse al cambio de una discusión sobre la legalidad del acto de autoridad hacia un procedimiento contra la jueza que lo sometió a control.
Magaña López, quien aseguró haber servido durante 24 años, un mes y 11 días en el Poder Judicial de la Federación, advirtió que sancionar una resolución por incomodar al poder puede desalentar a otros juzgadores de decidir con libertad.
También afirmó que la posibilidad de perder el cargo no debía determinar el sentido de sus resoluciones y pidió que su actuación sea examinada con argumentos jurídicos.
La jueza concluyó que su compromiso con México y la Constitución permanece intacto, pese a las consecuencias que pueda enfrentar por su actuación jurisdiccional.
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OC/CR
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