El presidente de Argentina, Javier Milei, designó por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión, anunciada el 25 de febrero de 2025, ha generado una ola de críticas y protestas debido a la posible inconstitucionalidad de nombrar magistrados sin la aprobación del Senado.
La medida fue calificada como un desafío a la Constitución, ya que el nombramiento de jueces de la Corte Suprema tradicionalmente requiere el consenso del Poder Legislativo. La oposición y diversos sectores de la sociedad argentina han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración de poder en el Ejecutivo y una erosión de los mecanismos democráticos.
En paralelo, miles de ciudadanos se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades del país para manifestar su descontento con las políticas de ajuste económico implementadas por el gobierno de Milei. Estas manifestaciones, que incluyen a trabajadores estatales, jubilados y estudiantes, denuncian recortes en salarios, pensiones y presupuestos educativos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha liderado una jornada nacional de protesta, exigiendo la reversión de las medidas de austeridad y la protección de los derechos laborales. Además, organizaciones de derechos humanos han condenado la reciente implementación de una resolución gubernamental que utiliza términos ofensivos y obsoletos para clasificar a personas con discapacidad, considerándola un retroceso en materia de inclusión y respeto.
La economía argentina ha experimentado una contracción del 1,8% en 2024, el peor desempeño desde 2020, lo que ha exacerbado el malestar social y las críticas hacia las políticas económicas del presidente Milei.
Ante este panorama, analistas políticos advierten sobre una creciente polarización en el país y la necesidad de un diálogo entre el gobierno y los distintos sectores de la sociedad para abordar las demandas ciudadanas y garantizar el respeto a las instituciones democráticas.
Foto por AFP