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Justicia constitucional incluyente

Justicia constitucional incluyente

Columnas jueves 11 de febrero de 2021 - 01:00

Por José Francisco Castellanos

Luigi Ferrajoli identificó con toda claridad cuál era la función de los derechos humanos y sus garantías en el siglo XXI: proteger y asegurar la dignidad y el proyecto de vida de las personas; por ello es que, a la Constitución y su sistema democrático, la denominó: la ley del más débil.

¿Qué significa ser débil en el constitucionalismo actual en términos de Ferrajoli? La debilidad jurídica de una persona, colectivo, grupo o minoría sucede cuando autoridades o sectores de la sociedad realizan actos apoyados en la fuerza del Estado o en una posición mayoritaria de privilegio, generando un sistema de dominación asimétrico —disparejo— que provoca abuso, discriminación o trato diferenciado hacia quienes son débiles.

Normalmente, la debilidad constitucional se observa con mayor intensidad respecto de condiciones asociadas al género, edad, orientación sexual o identidad de género, discapacidad física, sensorial, mental, o bien, la pertenencia a etnias minoritarias.

La Corte-IDH ha reconocido que los grupos vulnerables son aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en una posición de desventaja a causa de alguna de estas condiciones y que, por ende, requieren de un esfuerzo adicional o protección especial.

En el campo del constitucionalismo de los derechos, cualquier sociedad que pretenda hacer de la justicia un valor viviente en las relaciones cotidianas de las personas requiere como condición indispensable reconocer y proteger la diversidad al tiempo de asumir las diferencias culturales y sociales, finalidad encargada de manera especial a la justicia constitucional.
La gran pregunta para la justicia constitucional frente a este valor, no es si en presencia de grupos vulnerables aspiramos a ser una sociedad justa, la respuesta parece cuanto más obvia como evidente, cuando se miran las constituciones occidentales de la actualidad. En realidad, la interrogante que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el esfuerzo que debemos realizar para asumir auténticamente la diversidad y remover las barreras que por alguna condición enfrentan las personas débiles constitucionalmente?

El camino es seguir construyendo una justicia constitucional cada vez más sensible y deferente hacia la diversidad. Ninguna exclusión es admisible porque nuestra Constitución reconoce que todas y todos somos iguales en dignidad y derechos. Pero ello solamente queda en letras, si la justicia constitucional no materializa la democracia sustantiva de la que nos habla el propio Ferrajoli, lo cual se logra con sentencias que rompen las brechas y permiten la igualdad sustantiva, esto es, la idéntica capacidad en medio de la diversidad para la realización de cada persona y colectivo.
Reconocer que en la sociedad mexicana existen diferencias y diversidades que necesitan ser atendidas no es suficiente. Entender que no somos un grupo homogéneo, ni aspiramos a serlo, tampoco lo es.

La justicia constitucional incluyente cumplirá con su función cuando las enormes condiciones de inequidad que existen en nuestra sociedad cierren considerablemente sus distancias. Queda mucho camino por recorrer, pero más importante aún es andarlo con determinación y eficacia.


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