La Abuela Justiciera

@onelortiz

https://youtu.be/PX3lN8OYvSc?si=qSsxn-52G3ldR_qp

El video corrió como fuego en la pradera. Después una tormenta interminable de memes y posteos en todas las redes sociales, sin embargo la realidad no se presenta como un divertido meme, sino como el homicidio de dos personas y el encarcelamiento de una familia.

La imagen de una mujer de 74 años ingresando al penal con la mirada perdida y las manos esposadas parece salida de una novela de realismo crudo. Pero no lo es. Es la realidad que estalló en redes sociales tras la imputación de Doña Carlota y sus hijos por el asesinato de dos hombres —Esaú, de 51 años, y Justin, de apenas 19— y el intento de homicidio contra un menor, todos presuntamente invasores de un inmueble que pertenecía a Mariana “N”.

Mientras la indignación mediática se divide entre quienes piden justicia por las víctimas y quienes justifican a la familia en nombre de la legítima defensa del patrimonio, se ignora el fondo putrefacto de este drama: el despojo de inmuebles como práctica sistemática en varios municipios del Estado de México y en zonas populares de la capital del país. No se trata de hechos aislados, ni de conflictos vecinales espontáneos, sino de una red operando al amparo de la impunidad.

Los nombres son conocidos en voz baja por las víctimas: en Ecatepec, Tultitlán, Chalco, y en la Ciudad de México en colonias como Doctores, Obrera, Pantitlán o el Centro Histórico, grupos organizados —muchas veces vinculados a mafias de paracaidistas, pseudoabogados y hasta policías corruptos— aprovechan vacíos legales y negligencias institucionales para tomar por asalto casas, departamentos, lotes. Desalojan a los legítimos propietarios con amenazas, papeles falsos o simplemente con violencia.

¿Y las autoridades? En el mejor de los casos, ausentes. En el peor, cómplices.

La prisión preventiva dictada contra Doña Carlota —sin entrar en la discusión jurídica del caso específico— es un recordatorio brutal de cómo el Estado mexicano es eficaz sólo cuando le conviene. Mientras se criminaliza selectivamente, se tolera o incluso se protege a quienes, de forma organizada, se apropian de inmuebles ajenos bajo la mirada omisa de funcionarios municipales, ministerios públicos e incluso jueces.

Toca a Clara Brugada en la Ciudad de México y a la gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México enfrentar con seriedad este cáncer que corroe el tejido urbano. No basta con boletines o discursos sobre vivienda digna: se requiere depurar ministerios públicos, castigar a las redes de despojo, y restituir con celeridad a quienes han perdido su casa.

Porque detrás de cada caso mediático, hay cientos silenciados. Y detrás de cada casa tomada, hay una república de injusticia en expansión. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.