La Montaña baja de Guerrero

Columnas miércoles 09 de septiembre de 2026 -

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social. Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017