La UNAM ante el examen del futuro

Columnas miércoles 29 de julio de 2026 -

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una prueba que no estaba en la convocatoria, demostrar que sus procesos pueden responder a una época en la que la tecnología avanza más rápido que muchas instituciones. La actual controversia por el examen de ingreso a sus licenciaturas obliga a revisar algo más profundo que una lista de resultados, su capacidad para proteger el mérito y la confianza.

La dimensión explica el problema. La UNAM registró 158 mil 712 aspirantes en el concurso de 2026, frente a una demanda prevista de 226 mil personas y una meta de atención de 49 mil 695 lugares. No es un procedimiento menor, cualquier falla puede alterar el futuro académico de miles de jóvenes.

La propia Universidad informó que durante la aplicación en línea identificó mil 117 exámenes con conductas contrarias a la normatividad. Después, el 3 de julio, presentó una denuncia penal por posibles servicios fraudulentos ofrecidos a familias y aspirantes. Ninguno de esos datos permite afirmar, por sí solo, que existió una operación de corrupción; pero sí justifica una investigación a fondo.

¿Puede una institución que forma científicos, ingenieros y especialistas de vanguardia administrar su principal puerta de acceso con sistemas capaces de resistir las nuevas formas de fraude digital? La respuesta no depende sólo de comprar una plataforma, exige auditorías, trazabilidad, protección de datos, controles independientes y capacidad para interpretar correctamente las alertas de la inteligencia artificial.

De esta forma, debe revisarse toda la cadena, contratación de proveedores, diseño del examen, supervisión, sistemas de seguridad, almacenamiento de información, análisis estadístico y publicación de resultados. Si hubo una vulneración deliberada, deberán aparecer las pruebas y los responsables; si existió una falla técnica, también habrá que explicar quién la permitió.

En este contexto, la UNAM dio un paso correcto al instalar una Comisión Técnica de 16 especialistas. El grupo reúne perfiles de estadística, evaluación educativa, cómputo, inteligencia artificial, ética y derecho. El rector Leonardo Lomelí Vanegas le otorgó libertad para solicitar información y convocar a funcionarios. Además, dejó abiertas todas las opciones.

Eso importa porque la solución no puede surgir de la presión de las redes sociales, ni de la sospecha. Debe surgir de evidencia. También debe proteger a quienes obtuvieron un resultado favorable mientras la revisión continúa. La Universidad tiene la obligación de distinguir entre una anomalía, una irregularidad y un delito.

El episodio deja otra lección. La UNAM dispone en 2026 de un presupuesto de 59 mil 877.6 millones de pesos; 28 mil 953.4 millones corresponden al nivel superior y 15 mil 708.3 millones a investigación. Una institución con esa capacidad académica y presupuestal debe asumir la seguridad tecnológica como parte de su responsabilidad educativa.

Por otra parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aporta mucho en el tema, a partir del respeto a la autonomía universitaria. Su disposición a que el caso se esclarezca, sin interferir en las decisiones internas de la Universidad, ofrece una vía institucional adecuada. Un trato respetuoso entre el gobierno federal y la UNAM favorece a México, y permite resolver la crisis sin convertirla en una disputa política.

Y es que, el verdadero examen ya no es solo de los aspirantes; lo presenta una Universidad obligada a demostrar que puede proteger el mérito en una época donde la tecnología también puede alterar las reglas del juego. Si logra hacerlo, esta crisis no será su mayor debilidad, sino la oportunidad de construir una admisión a la altura del futuro; del futuro del país.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017