Las infancias desaparecidas: la deuda más dolorosa de México

Columnas miércoles 13 de mayo de 2026 -

Las imágenes se han vuelto parte de la vida cotidiana en México: cámaras de seguridad que muestran a niñas caminando rumbo a la escuela o regresando a sus casas, mientras un vehículo las sigue lentamente; adolescentes que aceleran el paso al notar que alguien las persigue; menores que corren aterradas para evitar ser interceptadas en plena calle.

Videos breves que circulan durante días en redes sociales, generan indignación momentánea y luego son reemplazados por el siguiente caso. Lo más grave no es únicamente la violencia que reflejan esas escenas, sino la forma en que el país comienza a acostumbrarse a ellas. La amenaza contra la infancia ya no se oculta: ocurre a plena luz del día y frente a una sociedad que parece haber normalizado el miedo.

En ese contexto, el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México vuelve a colocar frente al país una realidad dolorosa: la incapacidad estructural de las instituciones para garantizar seguridad, protección y justicia a la población más vulnerable.

Con la cifra mostrada: 18,192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, México corre el riesgo de convertir la tragedia en rutina, porque al parecer las fichas de búsqueda se acumulan, los nombres se repiten y el horror parece diluirse entre la saturación informativa y la polarización política.

La cifra también nos muestra otro aspecto que muchas veces dejamos de observar: la desaparición de menores está ligada a contextos con antecedentes de riesgo que fueron ignorados: denuncias previas, violencia familiar, amenazas o presencia del crimen organizado en las comunidades, que vinculan estas desapariciones a la violencia criminal, trata de personas, explotación yreclutamiento forzado.

Aún así, se documenta que las autoridades continúan reaccionando tarde, porque tovadía las primeras horas posteriores a una desaparición suelen perderse entre trámites burocráticos, falta de coordinación y prejuicios institucionales, ya quepersiste la peligrosa idea de minimizar los casos bajo el argumento de que el menor “seguramente regresará”, desperdiciando el tiempo más importante para localizarla o localizarlo con vida.

La cifra también refleja profundas desigualdades sociales, ya que se analiza que las víctimas provienen con frecuencia de contextos de pobreza, periferias urbanas, comunidades rurales o zonas golpeadas por la violencia, visibilizando con esto, que la desaparición en México también tiene un componente de exclusión social: quienes menos protección tienen suelen ser quienes enfrentan mayores riesgos y menor capacidad de acceso a la justicia.

Pero quizá el daño más profundo es el impacto emocional y cultural que esta violencia deja sobre toda una generación. Niñas, niños y adolescentes están creciendo con miedo: miedo de regresar solos a casa, de usar el transporte público, de caminar por sus propias calles, como le sucedió a Daniel en Sonora, quien pago con su vida el no aceptar integrarse a la criminalidad.

Frente a esta realidad, se requiere una política integral de emergencia que fortalezca las capacidades de búsqueda inmediata, garantice coordinación efectiva entre instituciones, entre estados, que atienda integralmente a las familias y combata la impunidad que alimenta estas desapariciones.

También se necesita prevención desde la familia, las escuelas y las comunidades, hablar de desaparición, violencia y autocuidado no significa generar paranoia, sino construir conciencia colectiva, redes de protección y una cultura de cuidado mutuo. El silencio no protege a la infancia; la vuelve más vulnerable.

México no puede seguir aceptando que las niñas, niños y adolescentes desaparezcan mientras las instituciones discuten competencias, minimizan cifras o reaccionan únicamente cuando un caso logra conmover a la opinión pública. Cada desaparición representa una derrota moral para el Estado y una herida abierta para toda la sociedad.

La verdadera pregunta ya no es si México enfrenta una crisis humanitaria. La pregunta es cuánto más está dispuesto el país a tolerar antes de asumir, con seriedad y urgencia, que proteger a la infancia debería ser la prioridad más importante de cualquier nación.

DRA. ROSALIA ZEFERINO SALGADO

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MuxED)