La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aspirante a la reelección, Loretta Ortiz Ahlf, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe a funcionarios e instituciones públicas promover la elección judicial.
Ortiz Ahlf, identificada con el partido Morena, argumentó en su escrito de demanda que la decisión del INE es “irrazonable” y “contradictoria”, dado que los poderes Ejecutivo y Legislativo participaron en la postulación de candidaturas para los diversos cargos en disputa, incluido el de ministro.
“Es contradictorio que, por un lado, se faculte a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impida difundir información objetiva y neutral sobre el proceso electoral mismo”, sostuvo.
La ministra subrayó que el Ejecutivo y el Legislativo desempeñaron un papel constitucional en la conformación de candidaturas, por lo que considera “congruente que también pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades del proceso electoral, siempre con apego a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.
Además, enfatizó la relevancia histórica del proceso judicial derivado de una reforma constitucional sin precedentes, lo que a su juicio requiere una difusión amplia y plural para alcanzar a la mayor parte del electorado.
“Precisamente por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial, resulta contraproducente y lesivo del interés público que la difusión quede limitada exclusivamente al INE”, afirmó.
En este sentido, Ortiz Ahlf defendió que el carácter extraordinario de la elección judicial justifica la participación de diversas instituciones públicas en su difusión. Según su postura, “el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía, en el marco de este proceso histórico”.