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Los Ardillos intensifican ataques y provocan desplazamiento masivo en Chilapa
Nación
El grupo criminal Los Ardillos volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras el desplazamiento forzado de al menos 106 personas en Chilapa, Guerrero, confirmado por el gobierno federal. Las agresiones armadas contra comunidades indígenas se recrudecieron desde el 6 de mayo, cuando autoridades locales denunciaron ataques en Tula, Xicotlán y Acahuetán.
De acuerdo con el Congreso Nacional Indígena (CNI), los ataques con armas de alto calibre y drones derivaron en el desplazamiento de más de 800 familias indígenas el 9 de mayo, quienes permanecen refugiadas en comunidades vecinas también bajo riesgo.
La Secretaría de Gobernación informó que tomó control del municipio y desplegó 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas, además de asistencia a las comunidades afectadas. Sin embargo, el CNI recordó que las denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) han sido ignoradas durante años, reducidas a “conflictos comunitarios” pese a la violencia sistemática.
El CIPOG-EZ señaló que desde 2014 los ataques de Los Ardillos han dejado 76 muertos y 25 desaparecidos, bajo una lógica paramilitar vinculada al crimen organizado. La organización criminal, fundada por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, expolicía rural, mantiene nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y se dedica a extorsión, secuestro y narcotráfico.
El CNI advirtió que las agresiones buscan despojar territorios indígenas para facilitar megaproyectos extractivos, principalmente mineros, mediante miedo y fragmentación comunitaria. Desde 2015, las comunidades han estado bajo asedio con el objetivo de desarticular sus sistemas de seguridad y justicia propios.
En 2021, tras un episodio similar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para proteger a los habitantes de Tula y Xicotlán, instalar módulos de vigilancia y coordinar mesas de diálogo. El organismo pidió garantizar la vida, integridad y patrimonio de los pobladores, pero el CNI denunció que las autoridades hicieron caso omiso.El texto aquí
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JM/CR
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