La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debió manejarse con carácter confidencial para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Alcalde señaló que la filtración de la petición generó un “linchamiento mediático” y adelantó juicios sobre las diez personas mencionadas en el documento. “En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio”, expresó.
La funcionaria explicó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para sustentar la solicitud de detención y extradición. Subrayó que corresponde al país requirente aportar elementos probatorios para que puedan ser valorados por un juez. “La Secretaría de Relaciones Exteriores no determina la procedencia, ni la Fiscalía; lo haría un juez de control si se entregan pruebas”, puntualizó.
Alcalde añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha prejuzgado sobre la existencia de un delito ni sobre la viabilidad de la detención provisional, reiterando que el proceso debe apegarse a la legalidad y respetar los derechos de las personas señaladas.