México ante su ley de inteligencia artificial

Columnas martes 30 de junio de 2026 -

México está entrando en una etapa decisiva para definir cómo quiere gobernar la inteligencia artificial antes de que su uso se expanda sin controles suficientes en ámbitos sensibles de la vida pública y privada. El desafío no consiste sólo en aprobar una nueva ley, sino en construir una regulación seria, viable y constitucionalmente sólida: una arquitectura normativa capaz de proteger derechos, ordenar riesgos, asignar responsabilidades y dar certeza a la innovación.

El debate legislativo ya está abierto. En el Senado existe una comisión especializada sobre inteligencia artificial y en la Cámara de Diputados se han impulsado iniciativas, foros y conversaciones públicas sobre una regulación nacional. El Congreso no parte de cero. Pero regular IA exige más que voluntad normativa. No basta una lista de principios generales; se requieren reglas aplicables para tecnologías que ya inciden en servicios públicos, datos personales, educación, trabajo, justicia, seguridad, economía digital, comunicación pública y decisiones institucionales.

La discusión internacional ofrece una señal útil. UNESCO publicó recientemente Governing AI: Nine Emerging Approaches for Lawmakers Worldwide, un documento dirigido a legisladoras, legisladores y equipos parlamentarios. Su valor no está en proponer una receta única, sino en mostrar que los países combinan distintos instrumentos: principios, estándares técnicos, transparencia, adaptación de leyes existentes, enfoque de riesgos, protección de derechos, responsabilidad y esquemas regulatorios flexibles. La lección para México es clara: no se trata de improvisar, pero tampoco de copiar modelos extranjeros sin contexto.

México, además, ya cuenta con piezas normativas que anticipan esta discusión. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias incorporó referencias a sistemas automatizados, algoritmos, redes neuronales, contratos inteligentes, cadena de bloques y transparencia algorítmica. No es una ley integral de inteligencia artificial, pero muestra que el derecho mexicano ya empezó a recibir conceptos tecnológicos complejos de manera sectorial.

También avanza una transformación digital pública de gran alcance. Herramientas como Llave MX, expedientes digitales, documentos electrónicos con validez jurídica, plataformas de trámites, interoperabilidad y repositorios de tecnología pública pueden mejorar la eficiencia del Estado. Pero su implementación exige controles: protección de datos, seguridad, trazabilidad, auditoría, supervisión humana y evaluación de impacto cuando existan decisiones automatizadas con efectos relevantes sobre derechos.

A ello se suma la reconfiguración del sistema de transparencia y protección de datos tras la desaparición del INAI y la redistribución de funciones públicas en esa materia. Sin estridencia partidista, pero con claridad institucional, este punto no puede omitirse. Cualquier modelo serio de gobernanza de inteligencia artificial necesita contrapesos efectivos en protección de datos personales, acceso a la información, supervisión y rendición de cuentas.

Por eso la pregunta legislativa no debe ser únicamente si México tendrá una ley de inteligencia artificial. La pregunta de fondo es qué tipo de ley puede funcionar en el Estado mexicano real. Una regulación útil debería descansar en una arquitectura gradual: principios claros, enfoque basado en riesgos, protección de derechos fundamentales, supervisión humana significativa, transparencia en usos relevantes, adaptación de leyes existentes y responsabilidades precisas para autoridades, desarrolladores, proveedores y usuarios.

No todos los sistemas de inteligencia artificial deben recibir el mismo trato. No es igual una herramienta administrativa de apoyo que un sistema utilizado para otorgar beneficios sociales, filtrar personas en procesos laborales, identificar rostros, apoyar funciones judiciales, asignar recursos públicos o influir en procesos de comunicación política. A mayor impacto potencial sobre derechos, mayor debe ser la carga de explicación, revisión, auditoría y responsabilidad.

México puede aprender de estándares internacionales, de la experiencia europea y de marcos comparados de gestión de riesgos. Pero necesita una regulación compatible con su Constitución, su federalismo, sus capacidades administrativas y sus desafíos reales de cumplimiento. Una ley que ignore esas condiciones puede terminar siendo decorativa, inaplicable o incluso contraproducente.

El Congreso tiene una oportunidad importante. No se trata de descalificar las iniciativas existentes, sino de fortalecerlas. La regulación de la inteligencia artificial debe construirse con deliberación pública, apertura técnica, evidencia comparada y visión constitucional.

Regular bien no significa detener el futuro. Significa asegurar que el futuro llegue a todas y todos con respeto a los derechos humanos, responsabilidad institucional y confianza pública. México necesita una ley de inteligencia artificial, sí. Pero necesita, sobre todo, una ley seria, viable y constitucional.