México, el país donde no se denuncia

Columnas miércoles 29 de abril de 2026 -

La admisión pública de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, sobre la persistencia de una “cifra negra” que supera el 95% de delitos que no se denuncian, es un reconocimiento que desnuda con crudeza uno de los mayores fracasos estructurales del Estado mexicano: la incapacidad de garantizar justicia efectiva y de construir confianza ciudadana en las instituciones.

La “cifra negra”, entendida como la proporción de delitos que no se denuncian o que no derivan en una carpeta de investigación, es un termómetro de legitimidad del Estado de Derecho en México. Cuando nueve de cada diez delitos no llegan al conocimiento de la autoridad, evidencia la gran desconfianza ciudadana frente al sistema de justicia.

La gente no denuncia porque no cree que sirva de algo, o peor aún, porque tiene miedo de lo que suceda y los riesgos que pueda correr, después de hacerlo. La desconfianza inicia en el escritorio de los ministerios públicos, históricamente señalados por su ineficiencia y corrupción; desconfianza en policías que muchas veces son vistas más como parte del problema que de la solución; desconfianza en procesos judiciales largos, opacos y frecuentemente inconclusos. A ello súmele el costo emocional y económico de denunciar, para muchas víctimas y sus familias.

El reconocimiento de la “cifra negra” por parte de la Fiscal Ernestina Godoy, puedeinterpretarse como un ejercicio de transparencia. Pero también obliga a una pregunta incómoda: ¿qué sigue después de admitir el problema? Porque la “cifra negra” no es nueva. Lleva años documentándose a través de encuestas oficiales y análisis académicos. Lo verdaderamente alarmante es su persistencia, su resistencia a disminuir, pese a reformas, discursos y cambios de gobierno.

Sin duda, estos datos confirman la distancia entre el Estado y la sociedad. Reducir éste 95%implica mucho más que campañas informativas o ajustes administrativos. Requiere transformar la relación entre ciudadanía e instituciones, mejorar la calidad de la atención a las víctimas, fortalecer las capacidades de investigación y, sobre todo, combatir la impunidad. Implica también generar incentivos claros para denunciar y garantizar que hacerlo tenga consecuencias.

La declaración de la Fiscal General exhibe al sistema en su mayor crudeza y deja al descubierto una deuda histórica. Porque mientras la mayoría de los delitos permanezcan en la sombra, cualquier discurso sobre seguridad y justicia será, en el mejor de los casospromesas de campaña electoral.

Así las cosas, la procuración e impartición de justicia es una añeja exigencia social, que ningún gobierno ha querido atender. La impunidad es un problema generalizado en el país, que confirma la ineficacia e ineficiencia institucional a lo largo de todas las etapas del proceso de procuración e impartición de justicia. Reza el proverbio jurídico que: "justicia lenta no es justicia" y en México, lamentablemente es la constante.

@guillegomora