Claudia Bolaños
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la discusión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al señalar que es necesario aclarar quiénes acaparan de manera ilegal el recurso y hacer públicos los nombres, tal como lo planteó la mandataria.
Moreira afirmó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo no fue construida con el consenso de los sectores productivos, como agricultores, ganaderos y mineros, y enfatizó que el trabajo legislativo debe permitir el contraste y la contrapropuesta. Señaló que el director de Conagua habló de acaparamiento del agua, pero sin precisar responsables ni explicar si ese acaparamiento se realizó fuera de la ley. Recordó que corresponde al propio organismo prevenir y sancionar irregularidades.
El legislador advirtió que, tal como está planteada, la reforma desvincula la propiedad de la tierra del derecho al agua, lo que impediría heredar o transmitir estos derechos y también usarlos como garantía crediticia. Expuso que este punto preocupa a productores de diversas regiones del país y que la iniciativa tampoco aborda temas como los pozos pecuarios ni sus implicaciones en actividades agrícolas y ganaderas.
Moreira indicó que la reforma incrementa sanciones económicas y penales y elimina contrapesos dentro de Conagua, a la par de que no se ha discutido la falta de inversión en infraestructura hidráulica y medioambiental. Sostuvo que estos asuntos deben revisarse de manera profunda, pues se trata de temas de interés nacional.
El diputado llamó a la ciudadanía a revisar a detalle el contenido de la iniciativa disponible en la página de la Cámara de Diputados, al asegurar que sus observaciones se sustentan en el análisis del propio documento y en disposiciones constitucionales. Señaló que diversos grupos de productores han acudido al Poder Legislativo para expresar sus inquietudes ante todas las bancadas.
Moreira reiteró que el debate no debe caer en descalificaciones ni polarización y que la reforma debe corregirse antes de votarse, a fin de garantizar el derecho humano al agua establecido en la Constitución desde 2012.
Afirmó que su partido propone asegurar una cantidad mínima de agua potable gratuita por persona y recordó que en zonas como la Ciudad de México se desperdicia más del 40 por ciento del agua distribuida en la red.
Reiteró su disposición al diálogo y afirmó que continuará defendiendo los intereses de la población para que el país mantenga su capacidad productiva y económica.