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Nueva ley para construir infraestructura
Columnas
El pasado 9 de abril, el gobierno mexicano publicó una nueva ley que busca agilizar la inversión en infraestructura pública, con la participación de inversionistas privados, pero que su gestión puede incrementar la discrecionalidad en la asignación de recursos y aumentar la deuda pública, que todos pagamos.
Mientras las asociaciones público-privadas, contenidas en la ley en la materia, requieren de procesos más extendidos de evaluación de riesgos y asignación contractual, así como reconocimiento de las obligaciones de largo plazo; la nueva ley flexibiliza estos candados para que la inversión fluya de manera más ágil.
En el papel, eso puede sonar deseable, sin embargo el camino para llegar a ello puede estar plagado de buenas intenciones, pero desastrosas ejecuciones, que podrían aumentar la deuda pública sin beneficios sociales.
Por ejemplo, la aprobación de los proyectos se hará en una sola ventanilla, la de un consejo de planeación presidido por el ejecutivo federal; y acorde a las prioridades señaladas en los planes de desarrollo respectivos. Y como la vida nos lo ha demostrado, cada sexenio en este país se reinventa la rueda en las prioridades de infraestructura.
Otro foco amarillo consiste en que el gobierno puede iniciar el trámite de las contrataciones sin que tenga el dinero disponible. Para ello, esta nueva ley y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se homologan, para que al adjudicarse el contrato de obra pública, las dependencias públicas ya tengan el dinero suficiente para operar. Esto por sí mismo ya llama mucho la atención. Si la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados durante todo un año planean el Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿por qué esa planeación no se hace en el año previo y ahora también se permite sin rubor modificar el presupuesto asignado? Eso puede sonar a prisas; o peor aún, a que el gobierno en turno pueda condicionar los futuros presupuestos, sin que el contrapeso de supervisión y asignación de presupuesto por parte de la Cámara de Diputados sirva para algo.
Un tercer foco es determinar los “proyectos estratégicos”. El gobierno tendrá la discrecionalidad total para decidir cuáles serán, ni tampoco establece mecanismos claros de protección jurídica ante actos de autoridad.
Es posible que varias de estas interrogantes puedan ser resueltas al publicarse el reglamento de esta nueva ley, así como al conocerse a los integrantes de este nuevo consejo de inversión.
Para cualquier gran inversionista que participe en estos proyectos, la confianza de su inversión descansará en su capacidad empresarial para acordar y resolver con la titular del Ejecutivo o los integrantes de este nuevo consejo cualquier controversia; porque este rediseño de contratación de obra pública en México no está hecho para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Está hecho para que caminen las multimillonarias obras de infraestructura del gobierno en turno. Para efectos prácticos, quedan tres años para ver si esta ley detona la inversión o no.
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/CR
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