El fiscal Mauricio Pazarán, a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, trabaja en nuevas líneas y métodos de investigación con el respaldo operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El objetivo es fortalecer el caso con pruebas científicas y técnicas que no se habían utilizado anteriormente, con miras a presentarlas ante los jueces de manera sólida y vinculante.
Durante una reunión con los familiares de los estudiantes, se informó que estas metodologías demandan tiempo debido a que, tras más de once años de los hechos, la obtención de evidencias requiere procesos especializados. Sin embargo, se subrayó que se busca avanzar con determinación para dar resultados verificables.
En este encuentro, el fiscal solicitó a la Secretaría de Gobernación considerar la participación de expertos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, como un mecanismo que brinde mayor credibilidad y certeza a las familias sobre la conducción del proceso.
Por su parte, madres y padres de los normalistas expresaron inconformidad por la falta de resultados inmediatos y exigieron plazos concretos para la emisión de órdenes de aprehensión.
El compromiso reiterado fue que dichas órdenes no se librarán hasta contar con pruebas suficientes que permitan sostenerlas jurídicamente, evitando así el riesgo de que sean desechadas por los tribunales.