Oposición en Bolivia pide investigar presunta influencia de Zapatero en el país

La oposición boliviana, encabezada por el partido Alianza Libre, solicitó formalmente la creación de una comisión en el Senado para investigar la presunta influencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en asuntos internos del país. La petición se basa en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, que señala que Zapatero habría recibido 200.000 euros del grupo empresarial peruano Gloria a cambio de mediar ante autoridades bolivianas en favor de sus intereses comerciales. La solicitud fue presentada el 25 de junio de 2026, en un contexto de creciente tensión política en Bolivia.

De acuerdo con el informe de la UDEF, Zapatero habría utilizado una empresa interpuesta llamada Focus Social Research para canalizar los pagos, simulando un contrato de consultoría. Las gestiones del expresidente incluyeron reuniones con altos funcionarios bolivianos, como el presidente Luis Arce y los exministros de Justicia César Siles y de Economía Marcelo Montenegro, con el objetivo de influir en un litigio millonario que enfrentaba al Grupo Gloria con el Estado boliviano. Este caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Bolivia.

El litigio en cuestión se remonta a una demanda por competencia desleal presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) contra la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), propiedad del Grupo Gloria. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia confirmó una sentencia que obligaba a Soboce a pagar 107 millones de dólares a Fancesa. Sin embargo, esta multa fue anulada temporalmente por un tribunal boliviano, y la causa continúa en revisión judicial. La presunta intervención de Zapatero habría buscado favorecer a Soboce en este proceso.

La líder de Alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, anunció que su bancada solicitará la conformación de una comisión especializada para investigar estas acusaciones y recabar toda la documentación pertinente a través de la Cancillería boliviana. La oposición busca esclarecer si hubo tráfico de influencias y si funcionarios bolivianos actuaron de manera indebida al recibir presiones externas. Este movimiento político refleja la preocupación por la integridad de las instituciones en Bolivia y la necesidad de garantizar la independencia judicial.

El entorno de Rodríguez Zapatero ha negado las acusaciones, argumentando que se trató de una consultoría legal legítima y denunciando una "investigación prospectiva" que vulnera derechos fundamentales, como la intimidad y el secreto de las comunicaciones. La defensa del expresidente ha solicitado la anulación de toda la investigación tras la filtración de mensajes privados intercambiados entre él y su secretaria, alegando que esta filtración vulnera derechos fundamentales. Este caso pone en entredicho la transparencia de las relaciones bilaterales y la capacidad de las instituciones bolivianas para resistir influencias externas en asuntos judiciales y económicos de gran magnitud.