La justicia boliviana dictó prisión preventiva de cinco meses contra el expresidente Luis Arce, acusado de corrupción en el manejo de recursos públicos durante su administración. La medida fue emitida por un juez anticorrupción, quien determinó que el exmandatario deberá permanecer recluido mientras avanzan las investigaciones en su contra.
De acuerdo con la resolución judicial, la decisión busca evitar riesgos de fuga y garantizar que Arce no interfiera en el proceso. La Fiscalía lo señala por presuntas irregularidades en contratos estatales y desvío de fondos, hechos que habrían ocurrido durante su gestión al frente del gobierno.
El expresidente, quien dejó el cargo en noviembre tras perder respaldo político, negó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución en su contra. Sus abogados adelantaron que apelarán la medida, argumentando que no existen pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva.
La audiencia se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad, debido a la tensión política que atraviesa Bolivia tras la salida de Arce del poder. Diversos sectores sociales se manifestaron en las inmediaciones del tribunal, algunos exigiendo justicia y otros denunciando un uso político del sistema judicial.