El diputado panista Héctor Saúl Téllez pidió investigar un posible esquema de corrupción que vincula a la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del gobierno federal, luego de revelarse que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) otorgó un contrato por hasta 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, propiedad de un exfuncionario del C5 capitalino ligado a José “Pepe” Merino, actual titular de la ATDT.
El diputado ha puesto el dedo sobre este tema, y este jueves se conoció una investigación periodística, de EL CEO, Umami obtuvo el contrato pese a no cumplir requisitos de experiencia y presentó documentos con fechas irregulares.
El PAN exigió esclarecer el destino de 650 millones de pesos otorgados en 2020 al Infotec, de los cuales no se han rendido cuentas.
Téllez sostuvo que estos casos muestran opacidad y posibles conflictos de interés en las compras públicas de tecnología, un área que Merino controla desde la ATDT.
Ello porque varios de los involucrados trabajaron bajo la coordinación de Merino en la Ciudad de México.
La justificación oficial para contratar a Umami fue que la empresa era supuestamente el único distribuidor en México de los equipos Nuctech, según la investigación.
También se detectaron irregularidades temporales: Umami fue autorizada como proveedora de la ANAM el 10 de julio, cinco días antes de recibir formalmente una solicitud de cotización, y entregó su propuesta el mismo día en que recibió la carta de exclusividad.
Téllez también recordó que en 2020 se entregaron 650 millones de pesos al Infotec, recursos cuyo destino no ha sido aclarado. Aseguró que estos hechos muestran falta de transparencia en las compras públicas de tecnología, un sector que Merino controla directamente, según dijo.
“Es indispensable garantizar que las adquisiciones tecnológicas sean transparentes y no se utilicen para beneficiar a redes de exfuncionarios”, enfatizó el legislador.
El diputado afirmó que el PAN llevará el tema al Congreso y buscará que la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación revisen las adjudicaciones realizadas por la ANAM y las decisiones de la ATDT, a fin de descartar corrupción o uso indebido de recursos públicos.