La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó retirar de redes sociales diversas publicaciones en las que se relaciona a Morena con el crimen organizado.
El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, y el diputado Emilio Suárez Licona informaron que acudirán a las instancias legales correspondientes y señalaron que, de ser necesario, llevarán el caso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE derivó de quejas presentadas por Morena. El organismo determinó procedentes medidas cautelares contra publicaciones realizadas por el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI y distintos integrantes del partido, al considerar preliminarmente que algunas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, debido a que no se presentó una sentencia o prueba que acreditara su veracidad.
Entre las personas notificadas se encuentran Emilio Suárez Licona, Rubén Moreira Valdez, Carolina Viggiano Austria y Marco Antonio Mendoza Bustamante, quienes difundieron o reposteado publicaciones relacionadas con los señalamientos contra Morena.
Moreira Valdez sostuvo que la determinación afecta la libertad de expresión, la deliberación pública y la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores. “Ya no hay libertad de expresión”, afirmó al cuestionar la resolución.
El legislador también señaló que planteará el tema ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y entregará la resolución del INE para que se analicen las medidas correspondientes desde el Poder Legislativo.
Por su parte, Suárez Licona sostuvo que la resolución establece, a su consideración, una afectación al debate público al ordenar el retiro de publicaciones que reproducían una postura expresada originalmente por Alejandro Moreno.
El INE estableció que, en los casos donde procedieron las medidas cautelares, las personas y organizaciones involucradas deben eliminar o modificar las manifestaciones señaladas dentro de un plazo máximo de seis horas a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación. La autoridad electoral también determinó medidas de tutela preventiva para evitar la repetición de conductas que consideró posiblemente antijurídicas.
La resolución todavía puede ser impugnada ante el TEPJF, instancia que deberá resolver los recursos que se presenten contra las medidas adoptadas por la autoridad electoral.