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PT va contra explotación digital de niños por padres, tutores
Nación
Claudia Bolaños
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y sancionar la explotación económica o comercial de menores de edad mediante redes sociales y plataformas digitales.
La iniciativa plantea adicionar la fracción IX al artículo 47 de dicha ley para reconocer como una modalidad de explotación económica digital el uso sistemático de la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes para generar ingresos, monetización, patrocinios o beneficios publicitarios.
La propuesta contempla que estas conductas puedan ser realizadas por quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia de los menores, así como por terceras personas. El objetivo es evitar que la representación legal de padres o tutores sea utilizada para obtener beneficios económicos a costa de la privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso de niñas, niños y adolescentes.
Rojo Pimentel señaló que en los últimos años se consolidó un modelo de negocio basado en la generación y monetización de contenido audiovisual en redes sociales, plataformas de video y otros medios digitales. Dentro de este fenómeno identificó prácticas conocidas como sharenting comercial o trabajo infantil digital.
De acuerdo con la legisladora, estas prácticas consisten en la utilización sistemática, intensiva y con fines económicos de la imagen, voz, vida privada e intimidad de personas menores de edad para obtener ingresos, patrocinios o beneficios publicitarios.
La diputada advirtió que este tipo de exposición puede presentarse bajo la apariencia de entretenimiento familiar o como una actividad recreativa, aunque implique una utilización constante de la imagen de los menores con fines comerciales.
La iniciativa señala que cerca de 81 por ciento de las niñas y niños en países con acceso a internet tienen presencia digital antes de cumplir los dos años de edad y que, antes de los cinco años, sus tutores han publicado en promedio más de mil 500 imágenes o videos de ellos sin su consentimiento.
Rojo Pimentel sostuvo que la legislación debe actualizarse ante esta realidad y planteó que el Estado mexicano establezca mecanismos para identificar la monetización no regulada de la imagen, voz o datos personales de menores como una forma de explotación económica que debe ser prevenida, atendida y sancionada.
La propuesta también busca garantizar que el uso de la imagen de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales no afecte sus derechos a la educación, privacidad, salud mental, desarrollo integral y descanso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su dictaminación.
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OC/CR
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