El panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resolvió a favor de trabajadores mineros al confirmar que la empresa Camino Rojo incurrió en injerencia patronal y toleró actos de intimidación vinculados al crimen organizado en contra de sus empleados.
De acuerdo con la resolución final del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, los expertos determinaron que la compañía —propiedad de la canadiense Orla Mining— actuó con “aquiescencia” frente a amenazas y coacción ejercidas por grupos delictivos contra integrantes de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero. Asimismo, concluyeron que los hechos de carácter penal están relacionados con el ámbito laboral, por lo que pueden ser analizados dentro de este mecanismo internacional.
El panel también reiteró que la empresa es responsable de injerencia en la vida sindical de los trabajadores desde al menos abril de 2024, al intervenir en sus decisiones y favorecer determinadas representaciones gremiales.
Como parte de las medidas de reparación, se planteó la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago de salarios caídos y la garantía de condiciones de seguridad para que los empleados puedan acceder a la unidad minera sin riesgos.
Este caso se originó por denuncias sobre el uso de amenazas del crimen organizado para influir en la afiliación sindical y debilitar al sindicato minero, lo que derivó en una investigación internacional que acreditó violaciones graves a los derechos laborales y a la libertad de asociación.