Por Claudia Bolaños
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El Partido Verde Ecologista de México, cinco diputados de Morena y los diputados independientes Héctor Serrano y Mauricio Toledo, presentaron la iniciativa de reforma constitucional para derogar la prohibición expresa de la pena de muerte en el artículo 22 constitucional, a fin de que se sancione con la pena capital a quienes cometan homicidio doloso y feminicidio contra menores de edad, ante el estado de excepción que vive México.
De acuerdo con la iniciativa, el artículo 22 de la Constitución prohibiría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pero no la pena de muerte.
El diputado Ricardo Gallardo además dijo que queda pendiente que también pudiera considerarse esta pena para todos los abusadores sexuales de niños.
Carlos Alberto Puente Salas, legislador y presidente del PVEM, explicó que la iniciativa, -presentada por tercera vez, ya que en 2009 se destinó para secuestradores, violadores y homicidas y en 2018 para traficantes de droga, ahora es ahora es para feminicidas y homicidas de niñas y adolescentes con la novedad de que involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como quien dé la sentencia de muerte.
Esto es debido a que es un clamor de la sociedad, mencionó.
Se busca, abundó, aperturar una discusión del tema, incluso en Parlamento Abierto, y contar “con una sanción ejemplar para inhibir este tipo de conductas”, como el caso de tortura, violación y homicidio de la niña Fátima, de 7 años de edad.
Aunque saben que se encontrarán con protectores de los derechos humanos, catedráticos, especialistas y otras voces en contra, esta es una salida ante los abusos en que la sociedad ha caído, señalaron.
“Son medidas extremas, para momentos y casos extremos”, enfatizó Puente Salas
En conferencia, explicó que cuando México retorne a un estado de libertad, de paz y tranquilidad, se podría revocar la pena capital.
El diputado Arturo Escobar y Vega detalló que esta iniciativa contempla factores innovadores como el que, aunque haya un amparo o no, de manera oficiosa se inicié el proceso luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirme, con por lo menos ocho votos de los once ministros, la responsabilidad de los agresores, “y paguen con su vida, la vida que no respetaron”.
También, dijo, que será preciso que México se aparte de los tratados internacionales que prevén no aplicar la pena de muerte.
“Esto deriva de que pasan los años y México vive en un estado de absoluta excepción, especialmente en conductas tan crueles como la que en últimos días hemos conocido, como el caso de la niña Fátima”, mencionó Arturo Escobar.
La pena máxima, abundó, es debido al problema de impunidad es uno de los grandes temas que nuestro país atraviesa, y que, en varios casos, como en este, los responsables son inadaptables bien por su conducta o porque su misma sentencia los hará pasar toda su vida en prisión.
Citó como ejemplo que en países como en Japón, el homicidio doloso ha sido ejemplar, y por ello su tasa de incidencia es de sólo 0.23 por ciento por cada cien mil habitantes, contra 23 por cada cien mil habitantes en México.
El diputado Ricardo Gallardo agregó que “hoy las mexicanas y los mexicanos tienen sed de justicia, piden que ya haya un cese a todo lo que está sucediendo en todo el país, hoy la sociedad perdió los valores, y hoy estamos ante una pérdida de valores familiares que tenemos que hacerle frente y no tenemos las herramientas jurídicas para parar la situación que hoy vivimos. Hoy es necesario un remedio de fondo para parar con lo que está sucediendo con la violencia, pero hay que agregar la pena de muerte a todas las violaciones a todos los niños y que muchas veces son hasta bebés y que no tienen la manera incluso de defenderse. Hoy tenemos chacales a lo largo y ancho que están afectando a la sociedad, por eso no pedimos exigimos a pena de muerte”.