El pasado miércoles 25 de enero, el Consejo General del INE conoció, como primer punto del orden del día, un Informe que da cuenta en general de la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma legislativa actualmente en curso, conocida coloquialmente como Plan B.
El documento, de 166 cuartillas, es un análisis robusto de los impactos de los cambios legales referidos en la operación cotidiana y en la planeación estratégica del INE y ofrece, de manera ordenada y clara, una visión institucional de las probables consecuencias jurídicas y operativas, desde la óptica y la experiencia de quienes organizan las elecciones, es decir, desde el mirador calificado que proporciona la pericia ejecutiva, organizacional, jurídica y técnica.
El Informe se nutre, fundamentalmente, con la información proporcionada por las áreas ejecutivas y técnicas a nivel central, y por la estructura desconcentrada, es decir, los 32 órganos delegacionales y los 300 subdelegacionales, distribuidos por todo el país,
conformados por centenas de integrantes del extraordinario e insustituible Servicio Profesional Electoral.
Como lo expuso el Secretario Ejecutivo al presentar el documento, recabar el parecer de los destinatarios de las disposiciones fue por años un componente indispensable de cualquier toma de decisión que decida calificarse como democrática. “En efecto, una de las principales virtudes de la democracia es el procedimiento deliberativo para la adopción de las decisiones públicas relevantes, que exige, ante todo, escuchar y tratar de entender la postura ajena, lo cual, a su vez, exige el reconocimiento de la igual dignidad del otro y, por ende, de la tolerancia hacia lo diferente.”
Según el Informe, la construcción de diagnósticos técnicos, que tomen en cuenta la experiencia y conocimiento institucional acumulados de las instancias técnicas electorales es (¿era?) condición esencial para un mejor diseño de los cambios a las reglas del juego democrático. De ser así, dice correctamente, se generan las bases para que el resultado de la discusión pública, y aquella generada en el ámbito de las instituciones representativas, recoja, de una u otra forma, los intereses e inquietudes de todos aquellos que tienen algo valioso que aportar.
El documento se duele, con razón, de que no ha sido el caso en esta ocasión. Denuncia que las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración el conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que el Instituto mantuvo siempre una posición colaborativa con todas las instituciones del Estado mexicano, como lo ha hecho desde 1990, hace 32 años.
El Informe entero merece una buena revisión, sobre todo de los apartados relativos a los transitorios de la reforma y a las consideraciones finales. La sesión y la deliberación se pusieron buenas. Baste decir que MORENA propuso retirar el Informe de los asuntos a tratar, pero de eso le cuento en la entrega subsecuente.
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