Claudia Bolaños
La Secretaría de Gobernación presentó este miércoles un paquete de 10 acciones prioritarias para poner en marcha las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, así como los plazos e instituciones involucradas.
Durante una conferencia de prensa, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender el tema como una prioridad de Estado.
Las acciones incluyen:
1. Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, con fecha límite al 15 de octubre de 2025.
2. Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda para incorporar planes de seguridad y protección a familiares.
3. Puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
4. Uso de datos biométricos e imágenes satelitales en las búsquedas.
5. Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses.
6. Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
7. Atención al rezago en identificación de cuerpos y restos humanos.
8. Atención integral a hijas e hijos de personas desaparecidas.
9. Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
10. Armonización de leyes locales con la Ley General.
Rodríguez explicó que para diseñar estas medidas se recibieron 570 propuestas a través de la participación de más de 450 colectivos y redes familiares, en torno a cinco ejes: búsqueda y seguridad; identificación forense; sistemas de información; bienestar; y prevención.
También se impulsa la sensibilización de la población para prevenir factores de riesgo. “No basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones planteadas por los colectivos y en armonizar los instrumentos normativos para diseñar una política pública integral”, afirmó la funcionaria.
En las mesas de trabajo participan 17 dependencias gubernamentales y organismos autónomos, entre ellos el Registro Nacional de Población e Identidad, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
En el anuncio también estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; la fiscal especializada en derechos humanos, Sara Irene Herrerías; el titular del Renapo, Arturo Arce; y Froylán Enciso, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.