La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi, impulsa una iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación con el consentimiento de la gestante. La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia para dictamen, busca reformar el Código Penal Federal para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres o personas gestantes que buscan acceder legalmente a la interrupción del embarazo.
La iniciativa propone modificar el artículo 329 del Código Penal Federal para definir el aborto como la muerte "provocada del producto de la concepción después de la décimo segunda semana de gestación". Además, en el artículo 330 plantea que aquel que haga abortar a una mujer "después de la décimo segunda semana de gestación" podría enfrentar de "tres a seis" años de prisión, siempre que lo haga con el consentimiento de la gestante. Asimismo, el artículo 332 sugiere que se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar "después de las 12 semanas de gestación".
La diputada Sodi subraya la importancia de proteger los derechos de las mujeres que buscan legalmente la interrupción del embarazo: "Garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres o personas gestantes que buscan acceder legalmente a la interrupción del embarazo y que actualmente son criminalizadas, vulneradas y estigmatizadas es esencial".
Sodi destaca que diversas instancias internacionales en materia de derechos humanos han señalado la importancia de despenalizar el aborto como un derecho humano. Además, resalta que en México, la legalidad del aborto varía según el estado, siendo necesario un enfoque más consistente a nivel nacional.
La legisladora también hace referencia a la reciente sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la inconstitucionalidad del sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal. La sentencia insta al Congreso General a legislar sobre la materia y establece que el Estado debe proporcionar y otorgar el servicio de manera gratuita en todas las instituciones públicas.
La propuesta de Sodi busca cumplir con lo establecido en la sentencia de la SCJN, protegiendo y salvaguardando los derechos a la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres o personas gestantes.
Foto por Cuarto Oscuro