Reforma al Poder Judicial: un paso hacia la justicia del pueblo

En un país como México, donde la impunidad ha sido por décadas uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la paz social, reformar el Poder Judicial no es solo una opción: es una necesidad. La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado un intenso debate. Sin embargo, más allá del ruido político, hay una verdad que no podemos ignorar: la justicia en México ha estado durante mucho tiempo al servicio de intereses particulares y no del pueblo. Cambiar eso requiere sacudir las estructuras, por incómodo que sea.

Durante años, el Poder Judicial ha operado como una élite cerrada, prácticamente inamovible, donde los ascensos se dan por compadrazgos, influencias o por una lógica interna alejada de la realidad del país. Casos emblemáticos de corrupción, sentencias que favorecen a los poderosos y una profunda desconexión con las necesidades sociales son prueba de que el sistema actual no funciona como debería. La reforma, al abrir el proceso de selección a la ciudadanía, representa una posibilidad de democratizar una de las instituciones más opacas del Estado mexicano.

Claro, el riesgo de politización existe. Pero ¿acaso no lo está ya? La diferencia es que hoy, esa politización es interna y responde a intereses corporativos o facciones dentro del mismo sistema judicial. La elección por voto popular, acompañada de reglas claras, campañas informativas y una fiscalización seria, puede dar pie a una nueva clase de impartidores de justicia: más cercanos a la ciudadanía, más sensibles a las realidades sociales, y, sobre todo, más responsables ante el pueblo que los elige.

En ese sentido, las elecciones del pasado 2 de junio son una muestra de que la democracia mexicana, con todo y sus imperfecciones, sigue viva. Millones de mexicanas y mexicanos salieron a las urnas, con esperanza o con hartazgo, pero con la firme decisión de participar. Este ejercicio fortalece el argumento a favor de extender la participación ciudadana a otras esferas del poder, como el judicial. Si confiamos en el pueblo para elegir a quienes legislan o gobiernan, ¿por qué no confiar también para elegir a quienes imparten justicia?

No se trata de una reforma perfecta, pero sí de una oportunidad histórica para romper con un sistema que ha fallado durante décadas. La justicia no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos. Democratizar el Poder Judicial es dar un paso hacia un país más justo, más transparente y verdaderamente representativo. Y las urnas, como se demostró, siguen siendo nuestra mejor herramienta para lograrlo.

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