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Reforma contra ciberasedio en Puebla genera polémica; organizaciones advierten riesgo a la libertad de expresión
Nación
La aprobación de la nueva reforma contra el ciberasedio en Puebla ha encendido el debate entre autoridades estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión. A pesar de haber sido avalada por el Congreso local el pasado jueves, la medida enfrenta críticas por su posible impacto en el ejercicio de la libertad en entornos digitales.
El gobernador Alejandro Armenta, a través de su cuenta oficial en la red social X, hizo un llamado a la diputada morenista Laura Artemisa García Chávez y a otros actores sociales a organizar un foro abierto para analizar de fondo la recién aprobada Ley de Ciberseguridad en el estado. El mandatario aseguró que su intención es “defender los derechos humanos universales” mediante el diálogo.
La reforma, que modifica el Código Penal de Puebla, introduce el delito de "ciberasedio", el cual contempla sanciones de hasta tres años de prisión para quienes usen medios digitales como redes sociales o correos electrónicos para agredir verbal o emocionalmente a una persona de forma reiterada. Cuando la víctima sea menor de edad, las penas pueden aumentar hasta en dos terceras partes.
Según el boletín de prensa número 454, emitido el 12 de junio de 2025, el ciberasedio se define como el uso constante de tecnologías digitales para insultar, injuriar, ofender o vejar a otra persona, generándole un daño emocional o físico.
No obstante, diversas organizaciones civiles, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, han señalado que la ambigüedad de los términos utilizados en la ley —como “ofensa” o “insulto”— puede abrir la puerta a abusos legales y censura. Advierten que esta legislación podría ser usada para perseguir críticas legítimas en redes sociales y limitar la libre expresión de opiniones.
Por su parte, la diputada Laura Artemisa García Chávez, también presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, defendió la reforma, asegurando que está apegada a derecho y busca garantizar la seguridad emocional y digital de los ciudadanos poblanos.
En respuesta a la controversia, el Ejecutivo estatal propuso el desarrollo de un espacio de discusión para revisar los alcances de la ley, en el que participen legisladores, académicos, medios de comunicación y organizaciones civiles. La fecha del foro aún está por definirse.
La implementación de esta normativa ocurre en un contexto nacional donde el equilibrio entre ciberseguridad y derechos digitales continúa siendo un tema de amplio debate.
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JM/CR
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