@onelortiz
https://youtu.be/zZBh3vxu0N8?si=86u2fZbJfSOjzh-O
El rescate de cerca de 900 perros del llamado Refugio Franciscano, en la alcaldía de Cuajimalpa, abrió una discusión que va mucho más allá de la legítima indignación por el maltrato animal. El anuncio hecho por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, parecía, en un primer momento, una buena noticia: el Estado actuando para salvaguardar la vida y la integridad de animales en condiciones indignas. En un país donde la crueldad contra los animales suele quedar impune, el mensaje era claro y necesario.
Brugada recordó que el artículo 13 de la Constitución capitalina obliga a las autoridades a garantizar la protección, el bienestar y el trato digno a los animales de compañía, así como a prevenir y sancionar el maltrato. Bajo esa lógica, el operativo realizado la mañana del 7 de enero de 2026 se presentó como una acción apegada a la legalidad, sin intención —según sus propias palabras— de intervenir el predio, sino únicamente de proteger a los animales. Hasta ahí, todo parecía correcto.
Sin embargo, como ocurre con demasiada frecuencia en esta ciudad, la realidad comenzó a mostrar aristas incómodas. El caso ya no sólo habla de bienestar animal, sino de intereses económicos, posibles actos de corrupción y de la vieja y conocida voracidad inmobiliaria que desde hace años se ha instalado en zonas como Cuajimalpa. La pregunta es inevitable: ¿el rescate es un fin en sí mismo o el primer paso para liberar un predio codiciado?
Hoy, alrededor de la mitad de los perros fueron aceptados por otros refugios y asociaciones de protección animal, mientras que autoridades y organizaciones civiles hacen esfuerzos contrarreloj para colocar al resto en adopción. El problema es que el discurso oficial rara vez se acompaña de la infraestructura, el presupuesto y la planeación necesarios. En estos escenarios siempre aparece un chivo expiatorio: los animales que no logren ser adoptados a tiempo. El sacrificio termina convirtiéndose en una salida “técnica”, aunque moralmente inaceptable.
No sería extraño que, dentro de uno o dos años, en el terreno que hoy ocupa el refugio aparezca una torre de departamentos de lujo, perfectamente alineada con la lógica de la especulación inmobiliaria que ha encarecido y deshumanizado amplias zonas de la ciudad. Entonces el rescate será recordado como un episodio mediático más, no como una política pública integral de protección animal.
La lección es dura pero necesaria. En materia de protección animal hay mucho ruido en redes sociales, muchas fotografías y comunicados, pero muy poca acción sustantiva y sostenida. Si el Estado realmente quiere honrar la Constitución de la ciudad, debe garantizar no sólo rescates espectaculares, sino soluciones de fondo: refugios dignos, adopciones responsables.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es e Bronce.