SCJN admite controversia del IFT contra padrón telefónico

La suspensión provisional fue promovida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien admitió la impugnación del IFT contra el padrón de manera parcial y no completa de todos los aspectos solicitados por el Instituto.

Sin embargo, los detalles sobre el alcance de esta suspensión no se conocerán hasta que Piña Hernández publique el contenido completo de su resolución.

El IFT argumenta que no se le asignó presupuesto para echar a andar el PANAUT, lo cual calcula costaría 109 millones 864 mil pesos, más un importe anual de 88 millones 584 mil pesos para su operación.

Indicó que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución.

Agregó que el Congreso de la Unión afecta e invade sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, ya que le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos sexto y séptimo; toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles; y lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del PANAUT, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto.

La reforma causa polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.