2º Informe: la deuda con las mujeres continúa

Columnas miércoles 02 de septiembre de 2026 -

La mortalidad materna es uno de los indicadores que mejor revelan el orden real de las prioridades públicas. Cada muerte ocurrida durante el embarazo, el parto o el puerperio condensa el nivel de disponibilidad de servicios sociales y de salud, su calidad, la oportunidad de la atención y las condiciones sociales en que transcurre la vida de las mujeres. Por ello, la razón de mortalidad materna es también una medida política: muestra qué vidas han sido efectivamente protegidas y cuáles continúan expuestas a riesgos evitables.

En 2024 murieron en México 568 mujeres por causas maternas, equivalentes a 34.7 defunciones por cada cien mil nacidos vivos. La serie histórica del Informe de Gobierno impide presentar este resultado como un avance sustantivo. En 2014 la razón era de 38.9; descendió a 35.2 en 2015, pero en 2019 todavía se encontraba en 35.6. Una década después, la reducción acumulada respecto de 2014 fue de apenas 10.8%; comparada con 2015, prácticamente no hubo cambio: sólo 1.4%. Durante la pandemia el indicador se elevó a 55.2 en 2020 y a 59.2 en 2021. El retorno posterior a los niveles anteriores confirma apenas la recuperación después de la emergencia.

La desigualdad territorial es todavía más grave. En 2024 Chihuahua registró una razón de 70.5, mientras Aguascalientes presentó 7.7: una mujer enfrentó un riesgo relativo más de nueve veces mayor dependiendo de la entidad en la que ocurrió el embarazo. También presentaron niveles elevados Campeche, con 55.7; Jalisco, 54.9; Tabasco, 53.4; y Guerrero y Sonora, ambos con 50.2. Esta amplitud territorial desmiente cualquier idea de universalidad efectiva del derecho a la salud: por el contrario, los datos permiten sostener que el territorio sigue funcionando como distribuidor desigual de protección y abandono.

Las causas registradas muestran, además, fallas en distintos momentos de la atención. Las causas obstétricas indirectas concentraron, en conjunto, casi dos terceras partes de las muertes maternas. Son desenlaces relacionados con el seguimiento prenatal, la disponibilidad de sangre, la capacidad hospitalaria y la continuidad de los cuidados.

Los otros indicadores de salud de relativos a la atención que se niega a las mujeres refuerzan este diagnóstico. La mortalidad por cáncer cervicouterino disminuyó durante dos décadas, de una tasa de 20.4 por cada 100 mil mujeres mayores de 12 años, en 1998, a 10.7 en 2019; pero después se perdió esa trayectoria, pues aumentó a 11.4 en 2024, 6.5% por encima de 2019. En cáncer de mama, la tendencia es aún más adversa: la tasa pasó de 15.1 a 20.5 entre 1998 y 2024, un incremento de 35.8%, y en el último año volvió al máximo de toda la serie.

Estos datos expresan una forma radical de privación: la carencia de condiciones institucionales para conservar la vida. La persistencia de la mortalidad materna y el retroceso en cánceres prevenibles o tratables muestran una deuda pública con las mujeres. La política social podrá seguir sumando programas y acciones; sin embargo, su ineficacia aparece fundamentalmente en los cuerpos que no consigue proteger y en las muertes evitables que no logra impedir.

Investigador del PUED-UNAM