Doble nacionalidad: reforma Sheinbaum

Columnas martes 01 de septiembre de 2026 -

La iniciativa presidencial que pretende exigir nacionalidad exclusivamente mexicana para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México parte de una premisa políticamente atractiva, pero jurídicamente equivocada: que poseer otra nacionalidad produce una lealtad dividida.

La propuesta, presentada el domingo 30 de agosto, reformaría los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para obligar a quienes tengan doble nacionalidad a renunciar a la extranjera antes de registrar su candidatura. Además, prohibiría durante el cargo utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país o acogerse a su protección diplomática. Su incumplimiento quedaría sujeto, genéricamente, al régimen de responsabilidades del Título Cuarto constitucional.

El argumento parece sencillo: quien gobierna México debe responder únicamente a México. Creo que confunde nacionalidad con fidelidad política. La primera es un vínculo jurídico; la segunda se demuestra mediante conductas. Ningún pasaporte garantiza patriotismo y ninguna doble nacionalidad acredita, por sí misma, deslealtad. La historia ofrece demasiados ejemplos de servidores públicos de nacionalidad única que traicionaron el interés nacional, y de personas binacionales profundamente comprometidas con su país.

La reforma también plantea problemas de igualdad y proporcionalidad. Restringir el derecho a ser votado o votada exige demostrar que la medida es idónea, necesaria y estrictamente proporcional. Aquí no se identifica un riesgo concreto que justifique excluir a toda una categoría de mexicanas y mexicanos por nacimiento. Se presume un conflicto de lealtades sin prueba individual y se impone la sanción anticipada de abandonar una nacionalidad, incluso cuando ésta fue atribuida automáticamente desde el nacimiento.

Existe, además, una paradoja jurídica: México condicionaría un derecho político constitucional a que otro Estado acepte una renuncia conforme a su propia legislación. Algunos países dificultan, condicionan o incluso tienen por nula esa renuncia. En consecuencia, creo, la elegibilidad para gobernar una entidad mexicana podría terminar dependiendo de una autoridad extranjera. Es precisamente lo contrario de la soberanía que la iniciativa dice proteger.

La iniciativa también excluye a quien conserva formalmente otra nacionalidad, aunque carezca de intereses materiales en el extranjero, pero permite competir a quien, teniendo solo nacionalidad mexicana, mantenga inversiones, residencias, compromisos económicos o relaciones políticas fuera del país. Si el verdadero propósito es prevenir interferencias extranjeras, existen instrumentos más adecuados: declaraciones patrimoniales y de intereses, fiscalización, transparencia, impedimentos, responsabilidades y sanciones por actos concretos.

El calendario tampoco debe ignorarse. La reforma se aplicaría desde los procesos electorales de 2028. Una modificación constitucional que altera quién puede competir por el poder exige una justificación especialmente rigurosa para no convertirse en una cláusula diseñada contra aspirantes identificables.

México puede exigir lealtad constitucional absoluta a sus gobernantes. Me parece que lo que no debe hacer es convertir la pluralidad nacional de millones de mexicanos y mexicanas en una presunción de sospecha. La soberanía se protege castigando la deslealtad comprobada, no restringiendo preventivamente la ciudadanía.

X: @ElConsultor