La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por abordar un tema de gran relevancia: la reposición total de juicios en casos de feminicidio. Esta discusión podría modificar de forma sustancial el criterio del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre cuándo y cómo debe repetirse un juicio oral en este tipo de delitos.
Uno de los casos que ha generado atención es el de Sandra Karina García Alemán, asesinada en el estado de México en 2020. En ese caso, el perpetrador fue condenado a 55 años, pero un tribunal ordenó repetir todo el juicio oral debido a que se alegó que se había superado el plazo de 10 días naturales entre audiencias que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Frente a ello, familiares de la víctima y activistas han demandado que la SCJN intervenga y establezca un criterio que evite lo que consideran una revictimización de las personas afectadas.
Durante un encuentro con el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quienes representan a víctimas de feminicidio le expusieron el impacto traumático que implica vivir un juicio oral y luego tener que atravesar un nuevo proceso debido a la reposición. Participaron en esa reunión, entre otros, la señora Antonina Alemán Andrade —madre de Sandra— junto con otras madres de víctimas. El ministro les adelantó que el tema se abordará con especial cuidado, considerando las voces de las familias de víctimas tanto de la Ciudad de México como del estado de México.
El expediente correspondiente al caso de Sandra se encuentra bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía (amparo directo 2990/2025) y todavía no cuenta con proyecto de resolución. No obstante, la defensa confía en un fallo favorable y ha reconocido la disposición del tribunal para escuchar a las familias involucradas.
Previo a esta discusión, la SCJN revisará tres expedientes más que abordan el cómputo del plazo de 10 días entre audiencias. Esto es relevante porque, de fijarse un criterio, podría sentar un precedente nacional sobre la reposición de juicios en casos de feminicidio desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Esta deliberación promete ser un momento clave en la justicia penal mexicana, pues de su resolución dependerá en gran medida cómo se equilibra la garantía del debido proceso con el derecho de las víctimas —y de sus familias— a no vivir procesos que prolonguen su sufrimiento.