Claudia Bolaños
En sesión ordinaria del pleno, donde inició estudio de acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR, impugnando diversos artículos del Coahuila que criminalizan la interrupción del embarazo voluntario y que sancionan la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil con una pena menor que la establecida para el delito de violación en general.
El Pleno consideró que no existen obstáculos para estudiar la constitucionalidad de la norma, que se refiere a la violación a cónyuge y otras personas con vínculos similares (artículo 224, fracción II).
Posteriormente, la Corte inició la discusión de las normas sobre la interrupción del embarazo impugnadas que establecen que: “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” (artículo 195) y que: “Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella” (Artículo 196).
La discusión de este asunto continuará durante la próxima sesión del Pleno de la Suprema Corte este martes, cuando se espera la aprobación respecto a la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 27 de octubre de 2017.
El ministro presidente Arturo Zaldívar calificó la discusión de histórica en el marco de la despenalización del aborto y el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y maternidad.
De los ministros ninguno se pronunció en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar que indicó que el derecho a decidir “es el resultado de una combinación de derechos y principios asociados a la libertad de autodeterminarse”, con relación a la Constitución Política.
Agrega que la maternidad es un aspecto voluntario todas las personas gestantes y que el Estado debe de abstenerse de tomar una postura paternalista, y evitar ver a las mujeres como sujetas de tutela en torno a las decisiones que corresponden a su salud reproductiva.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se pronunció por establecer el límite mínimo para que un aborto voluntario sea legal, considerando parámetros de otros países que van desde las 12 a las 24 semanas de gestación.
Norma lucía Piña indicó que las creencias personales no deben ser defendidas por el Estado, en tanto que Yasmín Esquivel Mossa, dijo que criminalizar esa práctica solo generará más muertes en abortos clandestinos.
La determinación de los ministros serían un precedente para homologar la medida en todo el país.
Imagen: Cuartoscuro