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SCJN reconoce a padres de Fátima como víctimas indirectas en caso de feminicidio infantil en Lerma
Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo trascendental al reconocer como víctimas indirectas a los padres de Fátima, niña de 12 años asesinada en 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México. La decisión revoca una resolución previa del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y obliga a emitir una nueva sentencia que otorgue reparación integral a los familiares de la menor.
El fallo, impulsado por el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, establece que los familiares desplazados por amenazas tras el crimen deberán recibir atención psicológica y medidas de protección. La sentencia también exhorta a las autoridades del Estado de México a implementar acciones de no repetición, como campañas de prevención del feminicidio, mejoras en infraestructura de seguridad en la zona donde ocurrió el delito, y una disculpa pública oficial.
Como parte de la reparación simbólica, la Corte propone la pavimentación de la calle donde fue asesinada Fátima, la colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico, y la posible construcción de una estatua en memoria de la víctima.
El caso de Fátima generó indignación nacional tras conocerse que fue agredida sexualmente y asesinada por tres vecinos de su comunidad en Casas Viejas, Lerma, mientras regresaba de la secundaria. El cuerpo fue hallado en un canal seco, cubierto por objetos y maleza.
Los responsables del crimen fueron identificados como Luis Ángel y Misael Atayde, y José Juan Hernández Tecruceño. Luis Ángel recibió una sentencia de 73 años, José Juan fue condenado a prisión vitalicia, mientras que Misael, menor de edad al momento del delito, fue sentenciado a cinco años y liberado en junio de 2024.
Tras el feminicidio, la familia de Fátima fue hostigada por allegados de los agresores, lo que provocó el desplazamiento de 12 de sus integrantes, quienes actualmente residen en Monterrey, Nuevo León.
La Corte subrayó que este caso se enmarca en un contexto de violencia estructural contra las mujeres en el Estado de México, entidad que cuenta con una alerta de violencia de género emitida por la CIDH, por lo que exige al gobierno estatal garantizar justicia y memoria para las víctimas de feminicidio.
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JM/CR
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