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SIDURT: El epicentro de una crisis de credibilidad que contrapone al Gobierno de Baja California
Nación
La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda atraviesa una tormenta. Al asedio de las investigaciones federales por lavado de dinero, la revocación de visas estadounidenses y los nexos criminales que rodean a su exesposo, Carlos Torres Torres, se suma ahora una sospecha interna que amenaza con colapsar la confianza institucional que queda: la operación de una red de corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
Bajo el mando del ingeniero Arturo Espinoza Jaramillo, la obra pública en el estado ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse, según denuncias del sector construcción, mostradas en documentos públicos en un esquema de triangulación de recursos y favoritismo sistémico. Lo que agrava el escenario no es solo el monto de los sobrecostos, sino la percepción generalizada de que Espinoza Jaramillo opera bajo un manto de impunidad tejido por su cercanía con el hoy defenestrado exesposo de la gobernadora.
Arturo Espinoza Jaramillo no es un rostro nuevo, sino un sobreviviente del viejo régimen panista. Su inserción en el gabinete morenista fue vista, desde 2021, como una pieza estratégica de Carlos Torres Torres. Hoy, con Torres bajo la lupa de las autoridades federales, la permanencia de Espinoza en la SIDURT es interpretada como la continuidad de un grupo que utiliza la infraestructura estatal como caja chica y moneda de cambio política.
La crisis de credibilidad es profunda: la sospecha de que la gobernadora mantiene en el cargo a un funcionario señalado por constructores como "recaudador" o "facilitador" de grupos específicos, sugiere que el poder real en Baja California sigue operando desde las sombras, incluso tras la ruptura personal y política de la pareja gubernamental. Del Presupuesto al Bolsillo: La Alquimia de los Sobrecostos La gestión de Espinoza Jaramillo ha perfeccionado la técnica del incremento presupuestal.
El caso del puente Casa Blanca–Bulevar 2000 es un ejemplo: un salto del 80% en el costo original, pasando de 179 a 378 millones de pesos. Este patrón se repite en el Programa Respira, donde la eficiencia técnica ha sido sustituida por una ingeniería financiera que infla facturas en beneficio de un puñado de empresas predilectas. Nombres como Cinco Contemporánea, Arca del Pacífico, Constructora Cadena, CONZA y Arrendadora del Colorado del Norte se repiten en las licitaciones, formando un círculo exclusivo que, según fuentes del sector, recibe contratos a cambio de "lealtades" gestionadas por operadores internos.
David Alejandro Pereda Sáenz, director técnico de inversión. Pereda es descrito como el brazo ejecutor de Espinoza, el encargado de la relación con los empresarios. Las denuncias apuntan a una simulación de competencia donde el ganador está decidido antes de abrirse el sobre, bajo la presión de favorecer a proveedores de insumos vinculados al grupo en el poder. Un Gobierno Cercado.
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OC/CR
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