Se cumple una semana del régimen de excepción en El Salvador

A siete días de haberse instaurado, se reportaron más de 4,000 capturas de supuestos miembros de pandillas. Al respecto, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han manifestado su preocupación por la posible violación a derechos humanos durante dicho periodo.

Recientemente, el estado de excepción fue adoptado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos.

Datos oficiales de El Salvador informan que en 2021, el país cerró el año con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100,000 habitantes.

Debido a lo anterior, los oficialistas de El Salvador reformaron el código penal y aumentaron de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas.

Antes de la reforma, el castigo era de tres a cinco años en prisión y si era cabecilla, la pena era de seis a nueve años.

La reforma establece que "el que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita" como las pandillas "será sancionado con prisión de veinte a treinta años", y si son "cabecillas" la pena de prisión será de 40 a 45 años.

Asimismo, la medida implica que los salvadoreños tengan suspendidos, hasta el 27 de abril, los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó en Twitter la imagen de la carta dirigida al mandatario salvadoreño y con fecha del 2 de abril.

"Le solicité (al presidente Nayib Bukele) una reunión para conversar sobre la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad", escribió Taraciuk.

Hasta el momento, el presidente de El Salvador no se ha referido, en Twitter como suele hacerlo, a dicha solicitud.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) señaló, en una carta dirigida al mandatario salvadoreño, que el régimen de excepción "contraviene" normas internacionales de derechos humanos, ya que "no pueden ser restringidos, ni aun en caso de estado de excepción, elementos tales como el debido proceso y las garantías judiciales".

AI pidió al Gobierno y al Estado que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que destacan el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La noche del sábado 2 de abril, el mandatario salvadoreño ordenó a Osiris Luna, director de Centros Penales, que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) policiales sean trasladados a penales.

"Señor Director, hay que trasladar muchos más reos y así tener suficiente espacio en las bartolinas para todas las capturas que se vienen. Coordine con la @PNCSV más traslados a los penales y mantengan las bartolinas vacías para volverlas a llenar", publicó Bukele en Twitter.

Ante la solicitud del presidente, Osiris Luna dijo: "De inmediato cumplimos esa orden Señor Presidente @nayibbukele, vamos a seguir trabajando 24 horas para poder vaciar inmediatamente las bartolinas y meter más criminales a la cárcel".

Con información de agencias

Imagen: Twitter @PNCSV