Recientemente aumentó la presión para evitar que el Senado apruebe la minuta 3 de 3, la cual impide ocupar cargos en el servicio público o de representación popular a las personas sentenciadas por violencia familiar o delitos sexuales, así como a los morosos en el pago de pensiones alimenticias.
A una semana de que termine el periodo ordinario, se ha presentado un intenso cabildeo de diputados, principalmente del PT, para que no se vote la minuta que la Cámara de Diputados remitió al senado, mientras que las senadoras Olga Sánchez Cordero y Malú Mícher la impulsan; ésta última (quien, además, preside la Comisión para la Igualdad de Género), pidió que el trámite turnara a comisiones el martes pasado, en una sesión que se suspendió luego de que el PAN tomó la tribuna.
Por otra parte, el jueves por la noche Ricardo Monreal tachó de "falso y tendencioso" que él envió a la congeladora la reforma, aparte de asegurar que no tenía las facultades para hacerlo, y que no protege agresores, esto mediante sus redes sociales.
Los principales opositores están en la dirigencia del PT y en el diputado Gerardo Fernández Noroña, quienes intentan que no se pase la minuta argumentando que pondría en riesgo las candidaturas de muchas personas y que sería una ley discriminatoria.
El 13 de abril se hizo una entrega simbólica de la reforma, encabezada por la morenista Aleyda Alavez; durante esta ceremonia, se denunció que el PT amenazó con no permitir la reelección de aquellas integrantes de su partido que votaron a dicha reforma. Mícher respondió que en lugar de amenazar, deberían pagar las pensiones alimentarias que deben.