Separan de su cargo a mandos policiales tras conflicto en San Gregorio, Xochimilco

El Gobierno de la Ciudad de México informó que no habrá tolerancia al abuso policial, por lo que se tomaron dichas medidas, además de que se solicitó una investigación a la Comisión de Derechos Humanos local y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una mejor capacitación a servidores públicos.

Ante el conflicto de habitantes de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, y policías que se registró este viernes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que no habrá tolerancia al abuso policial, por lo que se tomó la decisión de separar del cargo al director general de Concertación Política de la zona sur, Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo, así como al director general de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna.

Además, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realicé la investigación correspondiente ante los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre.

También instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch iniciar una mejor capacitación a servidores públicos para garantizar el cumplimiento de leyes, normas y protocolos de uso de la fuerza pública y protección de los derechos humanos.

Y junto con el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, deberá hacer una amplia difusión del “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que trasgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”.

“Se repondrá el proceso de registro de pueblos iniciado hace algunos meses por la Secretaría de Pueblos Indígenas, de tal forma que se inicie un proceso más claro y participativo con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos local, para definir la representación de los pueblos de acuerdo con usos y costumbres”.

El Gobierno capitalino añadió que es necesario denunciar la oportunista postura del conservadurismo, y a quienes nunca les ha importado ni la propiedad social ni el suelo de conservación.

“(…) Por el contrario, han hecho del desarrollo inmobiliario ilegal un negocio privado a costa de los pueblos. Hoy simulan preocupación cuando su objetivo siempre ha sido privatizar la propiedad social”, señaló.